Las elecciones mexicanas no son aptas para cardíacos: la agresión, las incriminaciones insidiosas y los trucos sucios que trae consigo cada ciclo electoral siempre me impactan. Y eso, sin hablar de los asuntos criminales (homicidios de candidatos, lavado de dinero, violaciones flagrantes de las normas electorales, etc.).
Sin embargo, incluso con ese referente, destacan las recientes acusaciones sobre las conexiones del presidente Andrés Manuel López Obrador con narcotraficantes. Durante semanas, el hashtag #NarcoPresidenteAMLO ha sido tendencia en las redes sociales y sus opositores políticos lo han utilizado para atacar a AMLO, como se conoce universalmente al líder mexicano.
Ya sea estrategia de campaña o un verdadero incendio monumental, las acusaciones y la belicosa respuesta de AMLO a ellas también tienen el efecto perverso y nocivo de distraer la atención de la falta de una estrategia mexicana coherente para enfrentar la violencia y corrupción épicas que los carteles están avivando en todo el país.
El trasfondo del escándalo actual es una investigación publicada por ProPublica el 30 de enero, que afirmaba que agentes antidrogas estadounidenses tenían pruebas de que, en 2006, narcotraficantes entregaron alrededor de 2 millones de dólares a asesores de la primera campaña presidencial de AMLO para que los carteles recibieran un trato indulgente si él ganaba las elecciones. De forma simultánea, otros dos medios de comunicación extranjeros —InSight Crime y Deutsche Welle— publicaron informes similares.
Tres semanas después de conocerse los informes, estos continúan encabezando la cobertura de las campañas antes de las elecciones del 2 de junio. Sin rehuir las controversias, AMLO ha rechazado enérgicamente las acusaciones: “nunca imaginé que me tacharan de dictador y narcotraficante... Es que están muy enfermos de poder y de ambición al dinero”, dijo el 20 de febrero.
En su conferencia de prensa matutina del jueves, repitió sus agresivas tácticas al referirse a un artículo del New York Times que informaba sobre otra investigación estadounidense, esta vez apuntaba a sus hijos y aliados, quienes habrían recibido aportes de los narcotraficantes durante la campaña de 2018 que lo llevó al poder, según el artículo. El presidente, que reveló información confidencial de la titular de la oficina del Times en México al dar a conocer su nombre y número de celular, dijo que las acusaciones son “completamente falsas”.
Dados los caprichos de la política mexicana y la mentalidad de AMLO, no puedo decir si estas historias son un dolor de cabeza —ya que ponen al presidente a la defensiva justo cuando su protegida, Claudia Sheinbaum, parece ir por buen camino hacia la presidencia— o una bendición. Después de todo, contraatacar duramente a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos —que no tiene la mejor reputación al sur de la frontera— y al “cuco” para todo efecto conocido como el Gobierno de Estados Unidos puede resultar electoralmente gratificante.
Aunque las acusaciones son graves, las investigaciones no encontraron pruebas de que el presidente estuviera personalmente en conocimiento de estas contribuciones o en contacto con narcotraficantes. En su informe, el Times dijo que Estados Unidos. nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y que los funcionarios involucrados finalmente cerraron la investigación.
Pero todo este ruido oculta un problema más grave: ¿cómo va a controlar México su aparentemente irreparable problema del narcotráfico? Paradójicamente, por muy recurrentes que sean las apariciones de los carteles en los titulares, en la cultura popular, desde las películas y los programas de televisión hasta la música, y ahora en la campaña presidencial, se escucha poco sobre alguna estrategia gubernamental coordinada para enfrentarlos o debilitarlos.
En el ocaso de su presidencia, AMLO parece haber optado por simplemente fingir que no es un problema. Algunos ven en este enfoque una confirmación de sus sospechas de larga data de que el presidente siempre ha sido blando con los narcos. Apuntan a su plataforma electoral de “abrazos, no balazos” para enfrentar la ola criminal, la sonrisa que mostró al conocer en 2020 a la madre del Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, y sus continuas negaciones de que el fentanilo se produzca en México.
Mi teoría alternativa aquí es que AMLO no quiere entrar en conflictos que sabe que no puede ganar. Sí, de vez en cuando vemos que algunos capos son extraditados a Estados Unidos para mantener contentos a los estadounidenses. Pero nunca iba a atacar de frente a los carteles con una estrategia represiva como lo hizo Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Y, sinceramente, dados los resultados de la estrategia de la guerra contra las drogas durante todos estos años, tiene razón.
También está claro que capturar a líderes narcotraficantes y confinarlos en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos no reduce el flujo de drogas ilegales; muchos herederos del crimen estarían encantados de ascender en la escala como “jefe de jefes” porque la recompensa es demasiado grande.
Bajo el Gobierno de AMLO, la estrategia ha sido extender las fuerzas armadas y ponerlas a cargo de tareas que los civiles pueden realizar: desde controlar puertos y construir el monstruoso Tren Maya, que atraviesa la península de Yucatán, hasta administrar una aerolínea y, más recientemente, mantener carreteras (Puede escuchar al hombre explicando el fundamento de esto aquí).
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de estudios con sede en Ciudad de México, el presupuesto de la Secretaría de Defensa casi se ha duplicado en términos reales bajo la administración de AMLO. En comparación, el gasto en seguridad pública creció menos del 26 por ciento entre 2019 y 2024.
Esta distracción (y estoy siendo amable aquí) deja a México sin una estrategia articulada contra la impunidad, o peor, porque hay que preguntarse qué hace un ejército con poca supervisión con cada barco y avión que transita por el país.
AMLO tiene razón en que, crear empleos y dar a los mexicanos un camino hacia la prosperidad debería, en teoría, ayudar. Pero eso lleva generaciones y no es una opción para los millones de marginados que ahora viven en las regiones más pobres del país.
En cambio, podría haber alentado al sistema de justicia a perseguir las finanzas de estas redes transnacionales que mueven miles de millones de dólares al año. Se trata de negocios de gran escala, eficiencia y logística; han penetrado la economía legal, tienen hoteles, restaurantes, con abogados, banqueros, asesores y muchos más bajo su nómina. Según un estudio del año pasado, los carteles ya son el quinto mayor empleador de México. Sin lugar a duda, incluso si no se aplica una estrategia de represión cinética, el Gobierno todavía puede hacer mucho para socavar a esta intocable Cosa Nostra moderna.
Pero, en cambio, la cruel realidad actual es que horribles escenas de violencia narco se repiten todos los días, en todo el país; la última de ellas fue el asesinato de al menos 12 personas en un enfrentamiento entre dos bandas rivales en el sur de México, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión nacional.
Esta masacre ocurrió unos días después de que los obispos católicos intentaron sin éxito negociar un acuerdo de paz entre las bandas narco de la región.
Si la provisión de seguridad pública depende de los representantes de Dios en la Tierra, los mexicanos realmente están en problemas.