La inflación está regresando a América Latina, y las dos economías más grandes de la región deben cuidarse de no permitir que la política interfiera en su lucha contra ella.
En los últimos meses, Brasil y México han sufrido nuevas presiones sobre los precios, revirtiendo parcialmente la tendencia deflacionaria lograda mediante un agresivo ajuste monetario en los años posteriores a la pandemia. En Brasil, este repunte ha llevado la inflación anual a un máximo de cinco meses del 4,5%, mientras que la tasa alcanzó casi el 5,6% en México, un máximo de 14 meses. En ambos países, la tasa está por encima de la meta del 3% fijada por sus bancos centrales.
Sucede en el peor momento: las tasas de interés de ambos países están por encima del 10%, lo que significa que los costos reales de endeudamiento (las tasas de interés menos la tasa de inflación) siguen siendo relativamente altos. Mientras tanto, el empeoramiento de las perspectivas de inflación sugiere prudencia, incluso cuando la Reserva Federal de Estados Unidos se prepara para finalmente recortar las tasas en septiembre.
Curiosamente, el banco central de Brasil y su homólogo mexicano, Banxico, están empleando estrategias radicalmente diferentes. En Brasil, el lenguaje ha sido de tono duro, llegando incluso a poner sobre la mesa la posibilidad de reanudar los aumentos de tasas. Banxico, por su parte, realizó una sorprendente reducción de tasas de 25 puntos básicos anteriormente este mes que hizo que algunos analistas pensaran que estaba a punto de comenzar un ciclo de flexibilización monetaria. Sobra decir que este recorte de tasas, aprobado por un voto de 3 a 2, fue muy disputado. El subgobernador Jonathan Heath dijo a un diario local que necesitaban ser más cautelosos.
Y, sin embargo, ambas reacciones tienen un elemento común: reflejan cálculos políticos más que preocupaciones económicas. Por supuesto, los bancos centrales no trabajan en el vacío y deben lidiar con la realidad política, pero también tienen un mandato claro: defender el poder adquisitivo de la moneda para sus ciudadanos. Diluir este objetivo con otros objetivos, ya sean fiscales o políticos, puede ser peligroso.
Desde un punto de vista económico, hay menos argumentos para el caso mexicano. El recorte de tasas de Banxico, anunciado a pesar de cinco meses consecutivos de aceleración de la inflación general, también ocurrió en medio de una mayor volatilidad internacional y después de una caída del 10% del peso, lo que probablemente seguirá alimentando las presiones inflacionarias. El banco lo admitió al aumentar sus propias previsiones de inflación.
Es cierto que hay elementos que podrían justificar la reducción: la inflación subyacente viene disminuyendo y la política monetaria ya se encuentra en terreno restrictivo, por lo que hay un mayor riesgo de generar otros desequilibrios. Una reducción de un cuarto de punto en una tasa que ahora está en 10,75% no hará una gran diferencia. La reacción moderada del mercado muestra que los inversionistas no lo percibieron como un gran error.
Sin embargo, la percepción es que el banco quería enviar un mensaje de tono suave en este momento político en particular en México. El Congreso se prepara para aprobar una serie de reformas constitucionales de gran alcance, y el nuevo gobierno que asume el 1 de octubre tendrá que hacer ajustes fiscales significativos. Las tasas más bajas darán un pequeño respiro a los pagos de la deuda local del gobierno, que ya consumen una parte considerable del presupuesto.
¿Todo esto implica una pérdida de credibilidad? No necesariamente. De hecho, se podría argumentar que Banxico ha sido demasiado agresivo en el ciclo de ajuste y, a diferencia de Brasil, retrasó innecesariamente su primer recorte hasta marzo. Pero la política monetaria es un arte difícil y los mensajes complacientes pueden fácilmente hacer descarrilar las mejores estrategias. Esto es especialmente cierto cuando algunas de las medidas que probablemente se aprobarán antes de la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador (como garantizar en la Constitución que los aumentos anuales del salario mínimo al menos coincidan con la inflación) podrían hacer que la inflación sea más difícil de combatir. Desde esta perspectiva, México tiene un problema de inflación en ciernes que no desaparecerá fácilmente. Otra razón para actuar con cuidado.
En Brasil, por su parte, que tiene mucho menos margen fiscal que México, el banco central es muy sensible a la amenaza inflacionaria, pero también está siendo atacado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su política restrictiva. El resultado es un banco central obligado a exagerar sus credenciales de lucha contra la inflación, aunque la tasa Selic del 10,5% es una de las tasas reales más altas del mundo.
También hay una cuestión de incentivos, dado el próximo cambio de liderazgo del banco en diciembre. Tanto el presidente saliente, Roberto Campos Neto, como su presunto sucesor Gabriel Galípolo tratan de mejorar su reputación hawkish. Si estos cambios en la junta directiva no estuvieran a la vista y si Lula no hubiera atacado al banco, dice Francisco Campos, economista jefe para América Latina de Deutsche Bank AG, su postura de política monetaria podría sonar diferente. En cambio, me dijo, Campos Neto y Galípolo “necesitan parecer más católicos que el papa”.
Como alguien que vivió la traumática hiperinflación de Argentina a fines de los años 1980 y principios de los 90 (causada por problemas que el país aún no ha resuelto), no me cuesta confesar mi parcialidad: la inflación es un monstruo corrosivo que nunca se puede dejar desatendido. Brasil, México y otros bancos centrales de la región que fijan metas de inflación hicieron un trabajo fenomenal en las últimas dos décadas para controlar esas presiones. Pero el mundo es mucho más complicado ahora y la política se cierne cada vez más sobre la política monetaria. Ni siquiera la Fed se salva. La irresponsabilidad fiscal pone en riesgo la efectividad de la política monetaria, y existe una creciente tensión entre las ambiciosas metas de inflación y la necesidad de apuntalar el crecimiento.
Es difícil lograr un equilibrio. Los banqueros centrales no siempre lo consiguen, pero los políticos pueden ayudar manteniéndose al margen de las decisiones de política monetaria. Al mismo tiempo, la independencia de los bancos centrales no debe entenderse como una prohibición de la cooperación cordial en otras áreas de la política económica.
Al final, las autoridades serán evaluadas únicamente por su eficacia en el control de la inflación. Como me dijo Manuel Sánchez, exmiembro de la junta directiva de Banxico, los banqueros centrales deben ser más humildes ya que no saben de antemano cuál es la postura adecuada en materia de política monetaria y que la forma de evaluarla es a través de sus resultados. Y la mejor manera de obtener esos resultados es centrándose en lo que los bancos pueden controlar, nada más y nada menos.