México fue la primera, entre las naciones del mundo, en incluir derechos sociales en su constitución política. Para 1917, cuando se promulgó el histórico Artículo 123, las comunidades industriales del norte del país contaban más de una década construyendo la seguridad social de sus trabajadores. Desde principios del siglo XX, las nacientes industrias mexicanas ofrecían vivienda, educación, cultura y deporte, salud y programas de ahorro. Hacia la segunda década del siglo pasado, la Sultana del Norte ya era el ícono de los beneficios producto de la colaboración entre las empresas y el gobierno posrevolucionario, situación que generó un círculo virtuoso de inversión y recaudación. Eran ciudades emprendedoras, convencidas de que hacer lo correcto era tan patriótico como rentable. En el año de 1921, luego de reunirse para coordinar el “Impuesto del Centenario”, antecedente del ISR, el ministro de Hacienda expresó a la delegación patronal el deseo de “una inteligencia perfecta entre ustedes que representan las fuerzas vivas del país y nosotros”. De allí que tuviera sentido decir, como en aquel entonces se hacía, que “la única teoría social capaz de beneficiar al país es la de los industriales”, porque todas las partes comprendían el axioma de que la producción y el cuidado de nuestra propia riqueza es el requisito de la independencia y la libertad.
Mentes reflexivas, allá por 1980, pensaban en la esencia de la historia empresarial organizada como algo “intangible, que no tiene cronología: la realización social benéfica de una idea, de una doctrina positiva”. Tenían claro que las empresas materializan los anhelos más legítimos cuando la riqueza coincide con el ideal: un legado que hoy es decisivo recuperar. Hace un par de semanas, en otra nota de opinión, un alto funcionario del Banco de México nos recordó que el país acumula cuatro décadas sin crecimiento económico, y también que, durante el último gobierno, se redujo la pobreza: “aprendimos cómo distribuir los beneficios, pero no cómo promover más desarrollo”. Hace falta multiplicar las riquezas –reactivar las fuerzas vivas– y para ello hay que reconquistar la esencia atemporal que las anima: la certeza en que hacer lo correcto es rentable. Esta es la bandera de la productividad que México ha de enarbolar para convocar las inversiones que tanto le convienen, que no escinde la holgura del bienestar, que coordina el humanismo con la empresa y el desarrollo.
Nuevamente son altos ideales los que impone el carácter nacional, y retoma el país su lugar entre la vanguardia del progreso. Las empresas capitalinas damos la bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta de México, y a la licenciada Clara Marina Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México. La voz, los sentimientos, los planes y proyectos que durante la historia del país lo han sostenido y dado forma, una vez más se manifiestan en la esperanza de una convivencia ecológica, justa y muy generosa. Los negocios de la Ciudad de México han contribuido a realizar las políticas que las administraciones públicas impulsan, porque ambos entendemos que la independencia y la autonomía son los frutos del emprendimiento. Juntos, estamos preparados para enfrentar los desafíos del crecimiento económico sostenible, con la convicción de que lo más conveniente siempre será hacer lo correcto.