Los sismos en México han dejado una huella imborrable en nuestra historia reciente. Los terremotos de 1985 y 2017 en el centro, sur y occidente de México y el de 2022 en Michoacán no sólo nos recuerdan la capacidad de resiliencia y solidaridad de nuestra sociedad. En cada uno de estos momentos de crisis, cuando el gobierno se vio rebasado por la magnitud del desastre, emergió con fuerza un despertar ciudadano que movilizó a miles de personas para ayudarse. Este fenómeno no es nuevo y la historia se repite con un poderoso mensaje: la sociedad civil organizada es capaz de llenar los vacíos que dejan las instituciones en tiempos de emergencia.
En 1985, las personas habitantes de la Ciudad de México protagonizaron un hito sin precedentes al organizarse de manera espontánea para llevar a cabo tareas de rescate, limpieza y acopio. Las autoridades, al estar rebasadas, vieron la necesidad de emprender un trabajo de diálogo con las personas afectadas, proceso que se cristalizó con la firma del Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción, un instrumento que marcó un hito en la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía para recuperar la ciudad. Este acuerdo mostró cómo la sociedad civil puede ser un actor fundamental en la reconstrucción no solo física, sino también social y política.
En 2017, otro sismo golpeó a México, reviviendo el dolor de 1985. Pero esta vez, la respuesta ciudadana fue aún más poderosa, apoyada por las herramientas tecnológicas que hoy tenemos a nuestro alcance. Plataformas digitales como @Verificado19s se convirtieron en un epicentro de coordinación para personas voluntarias, generando redes de apoyo, centros de acopio y un flujo constante de información verificada. Instituciones sin fines de lucro de distintos ámbitos y miles de personas se movilizaron para atender a las personas damnificadas y exigir transparencia en la gestión de los recursos destinados a la emergencia.
El sismo de 2022 en Michoacán nos recordó nuevamente que la naturaleza no espera y que la preparación es clave. Pero también dejó claro que, en estos momentos, la protección de datos personales y el acceso a la información pública se convierten en herramientas esenciales. En situaciones de desastre, el manejo adecuado de los datos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La transparencia y los datos abiertos se vuelven fundamentales para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, y que las acciones gubernamentales se realicen de manera eficiente y con una correcta rendición de cuentas.
Como comisionado presidente del INAI, no puedo sino enfatizar la importancia de que, en tiempos de crisis, se mantenga el constante flujo de información, protegiendo la privacidad. La sociedad debe tener acceso a la información relevante sobre la gestión del desastre, pero al mismo tiempo, se debe proteger la privacidad de las personas afectadas. La experiencia nos ha demostrado que la sociedad civil se activa con gran eficacia en momentos de emergencia. Este despertar ciudadano, sin embargo, no debe ser efímero. Debemos aprovechar esta energía para construir políticas públicas que promuevan la participación constante y organizada de la sociedad en todos los ámbitos de la vida pública.
Los sismos de 1985, 2017 y 2022 son un recordatorio de la fortaleza y la capacidad de organización. En estas situaciones, la sociedad civil no solo reacciona, sino que también se posiciona como un contrapeso necesario frente a las deficiencias gubernamentales. Es esencial que continuemos fomentando un entorno que permita a la ciudadanía participar activamente y que refuerce el papel de las instituciones como el INAI en la protección de los derechos humanos, el acceso a la información y la privacidad.
Hoy más que nunca, recordemos que en tiempos de crisis, la sociedad civil es nuestra mayor fortaleza y el motor del cambio hacia un país más justo, transparente y solidario.