Hace casi 25 años llegué a trabajar en el entonces conocido como Conacyt, hoy Conahcyt. Después de varios años en Europa gestionando proyectos en el seno de la Comunidad Económica Europea con los siempre atractivos fondos europeos, me tocó estudiar una vasta cantidad de documentos, contratos y otros asuntos legales relacionados con el financiamiento. Hasta entonces, nunca había tenido que familiarizarme con todo el aparato legal de tales instancias.
En Conacyt, tuve la oportunidad de conocer a fondo todas las reformas que se habían implementado desde su creación en 1973, y especialmente, participar en la transición política del año 2000, que para el Consejo implicó en la incorporación y ejecución de diversas reformas orquestadas en las comisiones de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados. Recuerdo las acaloradas discusiones que vivimos, los comentarios en la prensa y, sobre todo, la expectativa que estas discusiones generaban.
Entre otros temas relevantes, se discutía si la solución a nuestros problemas estructurales residía en aumentar la inversión del PIB en ciencia, tecnología e innovación (CTI) más allá del 1 por ciento, como si fuera una fórmula mágica. Este porcentaje respaldaba el desempeño de economías emergentes como Corea del Sur, España y Brasil. Un tema que tuvo efectos concretos fue la creación de algunos Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, comenzando con Guanajuato, Jalisco y otros estados, incluso Yucatán, donde más tarde se convirtieron en secretarías estatales. Estas secretarías se establecieron junto a las secretarías de Educación, con las vicisitudes y desafíos que ello conlleva.
Algunas de estas instancias incluyeron la ‘innovación’, un tópico frecuentemente mal entendido y mencionado de manera inadecuada e irrestricta por diferentes sectores y que, al final, es fundamental para la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y el deep tech (incluida la inteligencia artificial), siempre y cuando cuente con el financiamiento apropiado, adecuado y paciente para que rinda frutos.
Este y otros aspectos resonaban entre economistas, científicos preocupados e incluso filósofos de la ciencia, pero el que más nos preocupaba era la posibilidad de que el Consejo fuera elevado al nivel de secretaría de Estado, como recientemente lo ha anunciado la presidenta electa.
Elevarlo al rango de secretaría de Estado en México tiene importantes implicaciones conforme a la Constitución Política y el Código Civil de México. Esto significaría que su titular reportaría directamente a la presidenta de México, aumentando su influencia y autoridad dentro del gobierno federal. Las secretarías son partes fundamentales del Poder Ejecutivo y desempeñan un papel clave en la implementación de políticas nacionales.
Se esperaría, por ende, un mayor presupuesto y recursos. Como secretaría, probablemente recibiría un presupuesto más grande y más recursos, lo que podría resultar en programas e iniciativas expandidos en ciencia y tecnología, alineándose con los objetivos de desarrollo nacional.
Las secretarías tienen la autoridad para presentar iniciativas legislativas y decretos al Congreso de la Unión, lo que podría llevar a políticas más sólidas en humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Esto permitiría una mayor integración de los avances científicos y tecnológicos en la legislación y los marcos políticos nacionales.
Los poderes administrativos de una secretaría incluyen la gestión de servicios nacionales, la formulación y conducción de políticas poblacionales y la supervisión de programas de protección civil. Para el Consejo, esto significaría una mayor capacidad para influir en las infraestructuras educativas y científicas en todo el país, impulsando la innovación y los resultados de la investigación científica de manera más efectiva.
Con el estatus elevado, la nueva secretaría podría fomentar mejor la coordinación con otras entidades gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones internacionales. Esto es crucial para impulsar proyectos de investigación a gran escala y fomentar la innovación a través de esfuerzos colaborativos.
Aunque el estatus de secretaría proporciona más poder, también implica un aumento en la supervisión y las responsabilidades burocráticas, lo que podría afectar la agilidad y la capacidad innovadora del Consejo. Además, se requeriría establecer ‘delegaciones’ en cada estado de la República Mexicana, lo que permitiría implementar una gobernanza digital multinivel de manera efectiva.
Las áreas de enfoque y prioridades del Consejo podrían ajustarse como secretaría para alinearse más estrechamente con los objetivos estratégicos nacionales e internacionales (e.g. nuevos ODS, Global Innovation Index), lo que podría impactar los tipos de investigaciones y el financiamiento a proyectos con impacto no solo institucional o local, sino a nivel nacional y de coordinación transfronterizo tanto con el norte como con el sur. Esto implicaría una mayor necesidad de coordinación con otras secretarías y países.
La elevación de Conacyt a secretaría de Estado potenciaría significativamente su papel en la configuración del panorama científico y tecnológico de México, proporcionándole más autoridad, recursos y capacidad para impulsar la innovación y el desarrollo nacional en cada rincón de su multicultural y megadiversa naturaleza.
Enhorabuena a la creación de la nueva secretaría y mucha suerte a la doctora Rosaura Ruíz.