Alberto Nunez Esteva

Un proyecto centralizador

El nombramiento de 32 coordinadores generales parece apuntar a reproducir las prácticas centralizadoras del presidencialismo autoritario y de contrapeso real a los gobernadores.

Andrés Manuel López Obrador ha presentado distintos proyectos que, en principio, parecen encaminados a cumplir sus principales ofertas de campaña. Con el fin de hacer realidad su promesa de austeridad, ha planteado, entre otras cosas, reducir sueldos y recortar a la mayor parte de los trabajadores de confianza, reubicar las dependencias federales y sustituir las delegaciones de las secretarías en los estados por un coordinador general para cada entidad.

Ante los cuestionamientos surgidos tras la presentación de estas propuestas se ha esgrimido un discurso justificatorio apoyado en hechos reales. Nadie puede negar que, en el caso de las delegaciones de las secretarías en los estados, hay dispendio de recursos y duplicidad de funciones, amén de corrupción. Sin embargo, cabe preguntar si la propuesta realmente significaría la erradicación de los vicios señalados y la reducción sensible del gasto.

La creación de coordinaciones generales encargadas del manejo de los recursos y los programas federales en cada entidad implica, de entrada, que dicha instancia deberá tener la capacidad para administrar, de manera simultánea, temas tan diversos como la salud y el desarrollo rural, los programas sociales y la construcción de infraestructura o el cuidado del medio ambiente y la competitividad. ¿Cómo podría una oficina de tamaño modesto cumplir a cabalidad con la encomienda? Las coordinaciones generales ¿no requerirían de una estructura con tantas áreas como conjunto de temas a atender?

Si esto es así, cabe entonces preguntar qué tanto ahorro se podría obtener si, para hacer funcional el modelo, habría que contar en cada estado de una súper Coordinación General que absorbiera la mayor parte de las instancias operativas que actualmente están adscritas a las delegaciones estatales.

Por otro lado, el nombramiento de 32 coordinadores generales parece apuntar a reproducir las prácticas centralizadoras del presidencialismo autoritario. López Obrador nunca ha suscrito un proyecto de reforma del régimen político garante de la gobernabilidad en el marco del pluralismo; su objetivo siempre ha sido encabezar una presidencia poderosa y, en la medida de lo posible, sin verdaderos contrapesos.

Ya cuenta con una mayoría en ambas cámaras del Congreso federal, así como en la mayor parte de los congresos locales. Sin embargo, no tiene bajo su control a 27 de los mandatarios estatales. En este marco, los coordinadores generales están llamados a convertirse en factores clave de poder en cada entidad a partir del manejo de los programas y, sobre todo, de los recursos federales. No se debe perder de vista que la principal fuente de recursos con que operan los estados es la transferencia de fondos federales.

De ahí que no sea descabellada la metáfora de los 32 virreyes. Serán funcionarios designados por el presidente y en cuyo nombre concentrarán cuantiosos recursos financieros, administrativos y legales. Pero sobre todo serán funcionarios que tendrán el poder suficiente para actuar como un contrapeso real al poder de los gobernadores.

Ciertamente, puede haber suficientes razones para justificar una medida encaminada a ejercer un control estricto sobre los gobernadores. Éstos se convirtieron en auténticos señores feudales que, en el ámbito de su territorio, reprodujeron muchos de los usos y costumbres del presidencialismo autoritario. Sin contrapesos efectivos en los congresos locales y con total opacidad manejaron las transferencias federales; los escándalos de corrupción en que se han visto envueltos varios mandatarios estatales son muestra fehaciente de las deficiencias de nuestro federalismo.

Resulta desde luego indispensable que los gobernadores tengan contrapesos efectivos, pero ello no implica que dicho contrapeso deba ser el poder presidencial. El camino a recorrer es el de la construcción de un federalismo donde la división de poderes sea una realidad efectiva.

Finalmente, otro aspecto de gran relevancia política se relaciona con el perfil de quienes han sido ya presentados como futuros coordinadores generales. En la mayor parte de los casos, se trata de verdaderos operadores políticos, de tal suerte que se puede deducir que se trata de personajes que, desde ahora, MORENA está proyectando como posibles candidatos a la gubernatura. En su papel de virreyes, contarán con el respaldo de López Obrador, tendrán gran visibilidad mediática, amén de recursos financieros y políticos para tejer redes de relaciones con los factores locales de poder, así como para construir sus respectivas bases de apoyo social.

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