Este domingo se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Se definirán 20 mil puestos de elección popular, siendo el más relevante el del presidente de la República. En vísperas del ejercicio democrático, habría que hacer el balance del sexenio, sin filias ni fobias, de lo que significó esta administración en términos económicos.
Comenzando por el PIB e incorporando un estimado del 2.2 por ciento en este año, el crecimiento anual compuesto ascendería a 0.95 por ciento, el más bajo desde el periodo de Miguel de la Madrid, en tanto, el PIB per cápita habrá crecido apenas 0.1 por ciento. El crecimiento ha sido heterogéneo mostrando fuertes vulnerabilidades por sectores y regiones. Un ejemplo es la población con carencia por acceso a salud, que se duplicó en los últimos seis años, ascendiendo a 39.1 por ciento del total, de acuerdo con las cifras del Coneval.
En este sexenio se han creado 5.4 millones de empleos formales, que no resulta muy diferente de la creación de puestos de trabajo del periodo anterior con 5.7 millones. Sin embargo, se alcanzó la tasa de desempleo más baja en la historia con un nivel de 2.6 por ciento. No obstante lo anterior, los niveles de informalidad aún se encuentran muy elevados, siendo que el 54.3 por ciento de la población se encuentra en el sector informal. En material laboral, un acierto de la administración ha sido la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, con un acumulado de 102 por ciento, aunque esto a la postre, ha generado la persistencia de la inflación de servicios.
El resultado del nulo crecimiento del PIB per cápita, el crecimiento del empleo y de la población económicamente activa señala que la productividad total de los factores fue negativa durante todo el sexenio, evidenciando aún más la fragilidad de la situación económica.
La inflación muestra un crecimiento del 5 por ciento anual compuesto, que se compara de manera negativa con los últimos tres sexenios, ya que han promediado poco más del 4 por ciento anual compuesto, aunque vale la pena mencionar que el brote inflacionario posterior a covid fue generalizado a nivel global, y que las economías no alcanzarán sus objetivos de inflación sino hasta el 2025 o 2026.
Con respecto al manejo de las finanzas públicas, es una realidad que hasta el 2023 el gobierno había mantenido la prudencia en el gasto. Adicionalmente, en los últimos años logró aumentar los ingresos tributarios en 1.5 puntos del PIB, a través de mayor recaudación de 1 punto de ISR y de 0.5 puntos del IVA. Aunque, el espacio es todavía importante tomando en cuenta el promedio de los países miembros de la OCDE, que se sitúa en 34 por ciento.
El balance primario del sexenio en promedio resulta en equilibrio mostrando 0.04 por ciento de déficit del PIB hasta el 2023. Pero este año la política fiscal originará un déficit de 1.4 por ciento en el balance primario y 5 por ciento en el balance público tradicional, muy diferente a la prudencia observada en los primeros cinco años. Hacia la siguiente administración se alcanzan a dilucidar varias fragilidades; tres de cada cuatro pesos del gasto están etiquetados sin posibilidad de disminuirlos o recortarlos, haciendo muy compleja la consolidación fiscal.
A la fecha, la razón deuda a PIB se mantiene por debajo del 50 por ciento, un nivel particularmente cómodo, más aún al compararlo con otras economías emergentes. Pero esta administración ha adquirido deuda por el orden de 6.25 billones de pesos, con una emisión de deuda interna que ha aumentado 69 por ciento, en tanto ha reducido las vulnerabilidades hacia el exterior, al reducir 8 por ciento la deuda externa.
Este sexenio será el único en la que nuestra moneda se apreció. Desde el 2019 y hasta la fecha el peso ha fortalecido 8.7 por ciento. Si bien es cierto que parte del movimiento de nuestra moneda obedece a factores como el diferencial de tasas de interés y el acotado déficit de cuenta corriente, hay que considerar que la fortaleza del peso no es producto de la implementación de políticas públicas.