La pandemia ha causado estragos inimaginables en la economía mundial y en empresas de todos los tamaños de diversos sectores. Este 2020 pudiera ser el año en el que más empresas soliciten un procedimiento de bancarrota, al menos en Estados Unidos, semejante al número de quiebras registradas en la Gran Depresión.
En estos meses empresas de gran tamaño como Hertz del sector automotor, JC Penny y Neiman Marcus de la industria del consumo, Avianca y Latam de aviación se han acogido al procedimiento de Chapter 11. De empresas mexicanas, hasta ahora conocemos dos casos de empresas públicas que han solicitado una reorganización financiera a través del procedimiento mercantil de Chapter 11 en la Corte de Estados Unidos.
Chapter 11 es un proceso ordenado de solución de controversias donde se declara una medida precautoria para lograr una restructura financiera de las obligaciones de una empresa, que cae en situaciones de iliquidez. Con la declaratoria de Capítulo 11 se logra la dispensa de los pagos de las obligaciones de una empresa, para reorganizar el capital. En ese proceso (Stay) la empresa no tiene la obligación de pagarle a sus acreedores y tampoco se permiten demandas futuras en cascada de los distintos acreedores. Es decir ningún juez en Estados Unidos puede tocar el activo de la empresa que se acogió a este procedimiento. Nadie puede cobrar ningún pasivo, ni bancarios y ni bursátiles. Sin embargo, se le permite seguir operando, lo que a la postre, alivia de manera considerable su situación de liquidez. Con ello, los recursos serán destinados a la operación y no al pago de los pasivos, y por lo tanto puede capitalizarse y hacerse de recursos nuevamente para concretar la reestructura.
Adicionalmente, Chapter 11 contempla que la empresa 'quebrada' se le permite acceder a DIP Financing (Debtor in Possesion), que es un financiamiento más barato de lo que pudiera conseguir en condiciones normales y que resulta sumamente atractivo para los bancos porque tiene una prelación ultrapreferente, ya que esta nueva deuda se liquida primero que todos los acreedores previos, inclusive los que tienen garantía.
En un procedimiento de Chapter 11 la empresa tiene la obligación de presentar un plan de negocio y de reestructura organizada donde generalmente todos los involucrados toman una quita (bonos, capital y bancos).
Para las empresas mexicanas que tienen obligaciones cuyos acreedores mayoritarios están bajo la jurisdicción norteamericana, una declaratoria de Chapter 11 no es necesariamente una mala noticia. Pero es evidente que todos los participantes de la misma, es decir, los dueños del capital, los tenedores de bonos, los acreedores bancarios y los empleados (sindicato) tendrán que ceder parte del principal o del capital, o recurrir a mayores plazos, o la suma de todas ellas. De lo contrario irremediablemente caerá en una bancarrota. Es como jugar a la perinola en donde toca que 'todos ponen'.
En México existe el proceso de concurso mercantil, que en esencia es lo mismo que el Chapter 11. Son la ejecución, el tiempo de resolución y la falta de acceso al nuevo financiamiento (DIP Financing) las principales diferencias entre ambos procesos.
Los casos exitosos de empresas públicas mexicanas que se han acogido al concurso mercantil son contados con los dedos de una mano, contrario a lo que sucede en Estados Unidos donde desde Enron, con su delicada situación contable, hasta General Motors en 2008, salieron airosas del Capítulo 11.
Es previsible que las empresas que están en dificultades porque sus flujos de caja se han tornado negativos, porque queman efectivo para seguir operando, o porque se encuentran muy apalancadas, ante la coyuntura actual sean las más susceptibles a solicitar protección de Chapter 11 para reorganizarse. Pero para acceder a este procedimiento tendrían que tener acreedores en Estados Unidos. No descartamos mayores anuncios en los siguientes meses, porque los malos resultados apenas serán visibles en el segundo trimestre de este año, y esto apenas comienza.