El pasado 5 de febrero el presidente López Obrador envió su último paquete de reformas constitucionales con la finalidad de transformar instituciones torales del Estado mexicano.
Era de esperarse que este movimiento —con el que el presidente busca consolidar su rumbo de transformación en el futuro— despertara intensas reacciones de ambos lados del espectro político.
El centro de atención de la reforma al Poder Judicial lo constituye su legitimidad democrática. Se pretende que la impartición de justicia recoja la visión de las mayorías y que sea parte de la realidad política y social que se vive en el país. Y es que, según encuestas oficiales, el ciudadano común siente a la judicatura como un poder lejano, distante de sus intereses y necesidades; ciertamente, también lo percibe como un obstáculo marcado por la corrupción. Por tal motivo, es deseable impulsar cambios que permitan acercar a las y los jueces a los reclamos de la gran mayoría de los mexicanos.
Hasta ahora, las y los jueces de nuestro país no llegan a esa posición por haber ganado en las urnas; tampoco son sujetos de juicio popular, rinden cuentas a través de sus sentencias. Así, los peldaños más altos del Poder Judicial requieren: I) especialización; II) un perfil técnico —y en algunos cargos también político, aunque se niegue—; y, III) participar en procesos de postulación política, cuando así lo requiere el puesto por ocupar. Este esquema de integración de la judicatura había sido objeto de inconformidad y debate público, incluso antes de la actual administración.
Por ejemplo, por lo que hace al sistema de elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, la clase política y la academia han señalado que la integración “libre” de ternas por parte del Ejecutivo federal implica una intervención política desmedida. Ello se acentúa para el caso de una designación directa del presidente, ante la falta de consenso por parte del Senado para elegir un perfil idóneo de entre las ternas presentadas.
En contraste, el sistema de elección popular que hoy se propone tiene una ventaja, pues supone una mucha menor influencia presidencial y mayor independencia en la integración de la Corte. Con esto la oposición debiera sentir alivio; no obstante, desde el rechazo irreflexivo, no ha reparado en ello.
Lo cierto es que ningún mecanismo constitucional de designación o elección de altos mandos de la judicatura es perfecto. Por ello, sea cual sea el método que se construya, la justicia constitucional deberá seguirse defendiendo, además, desde los argumentos de sus sentencias. Son las razones de los fallos lo que permite saber si una decisión judicial es sólida o endeble.
Por lo tanto, designados, postulados o seleccionados popularmente desde las urnas, las y los jueces deben seguir teniendo perfiles técnicos y especializados. En este sentido, la profesionalización de la carrera judicial no está peleada con la elección popular de los titulares. Tampoco así la legitimación de su función, que debe continuar desde las razones decisorias de sus sentencias.
En resumen, desde la elección popular se debe preferir a funcionarios con experiencia y profesionalización, y ellos deberán cumplir con su función jurisdiccional a través de métodos interpretativos modernos que conlleven a fallos sólidos y, cuando sea necesario, contramayoritarios. Y si bien resulta indispensable que las personas juzgadoras cuenten con sensibilidad social, deberán ejercer un control constitucional responsable, un contrapeso real y no una oposición política. Así, a las y los jueces se le seguirá juzgando, además, por sus sentencias.
Por todo ello, si bien entiendo lo polémico de la reforma judicial planteada, debemos dejar reposar el texto y hacer un análisis menos reactivo. Tal vez encontremos puntos de encuentro que permitan construir, desde la unidad, las siguientes páginas de la historia de una judicatura profesional, honesta, independiente y con sentido social.