El día de ayer, muchos amigos y conocidos me preguntaron sobre la reforma judicial, el paro de la justicia federal y las declaraciones del embajador de Estados Unidos sobre la elección popular de jueces en nuestro país. También cuestionaron los cambios al marco jurídico nacional, especialmente sobre los órganos constitucionales autónomos. Supongo que esperan confesión de una postura distinta de la pública.
En toda coyuntura política habrá argumentos a favor y en contra. Sin embargo, la disidencia actual en ciertos sectores tiene, a mi juicio, una explicación diversa. Desde hace casi 6 años estamos frente a una revolución de conceptos y un proyecto de rediseño social. Hoy sabemos que ello no se agotó en un sexenio.
La mayoría de los mexicanos votaron por continuar la transformación del país, lo que implica seguir en la redefinición de las instituciones y las fórmulas. Ante el cambio de juego, el éxito dependerá de qué tan rápido se entiendan y respeten las nuevas pautas. No tengo una esfera mágica que anticipe resultados, pero no veo perversidad en el cambio ni abuso del árbitro, sino una genuina intención de lograr el bienestar general votado en urnas por el pueblo de México.
Suficiente he sostenido públicamente los méritos de la reforma judicial. Del paro judicial ilegal, jamás podría hablar a favor. Obstaculizar una función esencial del Estado para combatir una reforma de mandato popular es insostenible.
Por lo que hace a las declaraciones del embajador Salazar respecto a la reforma judicial, me sorprende que se tomen como escudo de la oposición para defender las reglas actuales. Quienes lo hacen deberían cuestionar si estas declaraciones no son mayor alarma que el cambio mismo, amén de su clara incongruencia.
En Estados Unidos, 43 de 50 estados permiten distintas elecciones judiciales: 1) partidistas, con candidatos miembros del partido; 2) no partidistas; 3) votaciones para ratificar a personas juzgadoras; y, 4) el sistema de dos etapas en el que los partidos seleccionan candidatos que después se presentan a elección sin representar a un partido. Así, dependiendo del estado, se eligen a jueces de cortes supremas estatales y/o de instancias intermedias y/o de primeras instancias.
Ahora, quienes se resisten a la reforma judicial y avalan las declaraciones de Salazar, señalan que en Estados Unidos no se eligen jueces federales, o sea, los que resuelven controversias relacionadas con el ejercicio del poder. Sin embargo, lo que no explican a la opinión pública es que dichas personas juzgadoras son designadas por el Ejecutivo y confirmadas por el Senado; esto es, son posiciones que vienen con bastante injerencia política de los otros poderes de quienes se pretende ser contrapeso. Sobre ello tampoco declaró el embajador.
Esto no significa que sea una mala fórmula, tampoco que sea la adecuada para México. No hay modelo ideal y debemos esperar los resultados de nuestra reforma. La intención política es defendible y, aunque existen riesgos, éstos se comparten con el sistema actual.
Por su parte, la reforma de órganos constitucionales autónomos no busca eliminar la independencia técnica requerida para los mismos, sobre todo por los tratados internacionales. Estos órganos, aunque impulsados por buenas intenciones, permitieron abusos y monopolios que continúan afectando al pueblo de México. ¿Quitarles autonomía constitucional es un retroceso? Ya veremos; la finalidad no es una venganza política, sino la reconfiguración del Estado para lograr los resultados prometidos.
Entiendo la preocupación y la resistencia a la modificación de esquemas que, desde la teoría, se perciben correctos y defendibles. También entiendo la frustración de quienes, desde la comodidad en las premisas actuales, ven riesgo en perder posiciones ganadas. Así, tanto en quienes impulsan los cambios o en muchos de quienes les temen, veo un deseo de prosperidad para México. Ese es el punto de encuentro; ojalá las diferencias nos permitan llegar ahí pronto.