La reforma constitucional al Poder Judicial ya está en vigor. Ello constituye un nuevo paradigma en la impartición de justicia en México, el cual busca reconfigurar el sistema a nivel técnico y en el imaginario social.
Durante las discusiones previas, se hizo evidente la necesidad de socializar la justicia y hacerla accesible para todas las personas. Al respecto, análisis académicos han señalado que, en países como el nuestro con una brecha de desigualdad significativa, los sistemas jurisdiccionales que se configuran mediante procesos de selección y de carrera implican un sesgo social pronunciado en los integrantes de la judicatura (Ribotta, 2023; Dijk, 2021). Sesgo que en el mejor de los casos se modera, pero que en otros permea en el contenido de las resoluciones de expedientes, provocando —justamente— un cisma en la percepción del buen desempeño entre justiciables y personas juzgadoras.
En este contexto, la reforma judicial aspira a transformar esta realidad al otorgar a la ciudadanía una mayor participación en la composición de los tribunales, involucrándola activamente en la construcción del Estado de derecho e integrándola a los mecanismos de rendición de cuentas. Para lograrlo, es crucial que todas las personas conozcamos el proceso y podamos tomar la mejor decisión posible sobre quiénes ocuparán los más altos cargos en el Poder Judicial federal, y en su momento, en los poderes judiciales locales.
¿Qué sigue entonces para implementar la reforma judicial? Primero, el Senado tiene como fecha límite el 16 de octubre próximo para emitir la convocatoria general para integrar las listas de personas candidatas, señalando para ello las etapas completas del procedimiento y los cargos a elegir. Esta convocatoria será el punto de salida para que los tres poderes de la Unión establezcan a su vez los mecanismos que permitan que las y los interesados en participar se inscriban en sus respectivas convocatorias particulares, acreditando por supuesto los requisitos para desempeñar el cargo que pretendan, con fundamento en la Constitución y, en su caso, en las leyes reglamentarias que aprueben las y los legisladores.
De esta manera, cada poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las y los aspirantes e identificará a las personas mejor evaluadas para el desempeño del cargo que corresponda. Posteriormente, depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados los listados, se enviarán al Senado por cada Poder de la Unión, para ser remitidos al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero de 2025, a efecto de que se organice el proceso electivo.
En paralelo, el Congreso tiene como fecha límite el 15 de diciembre para aprobar los cambios en las leyes secundarias que requiere la operatividad de la reforma constitucional. Es decir, las leyes secundarias deben emitirse antes de que el Senado envíe la lista final de personas candidatas al INE. Además, siempre que se cumplan todos los requisitos necesarios, estas leyes pueden ser promulgadas incluso mucho antes de los procesos preliminares.
Un periodo clave será el tiempo de campaña que corre del 30 de marzo al 28 de mayo de 2025, durante el cual la ciudadanía debe estar especialmente atenta para conocer a las personas candidatas a través de foros, debates y diversos medios de comunicación, como radio, televisión y redes sociales. Ninguna campaña acepta financiamiento ni apoyo político.
Conocer responsablemente el perfil de las y los candidatos es fundamental para tomar decisiones conscientes sobre quiénes integrarán la judicatura y es nuestro punto de encuentro de cara al 1° de junio de 2025, fecha de la primera elección extraordinaria, en la que se recibirán boletas para los cargos más altos de nuestro sistema de impartición de justicia federal.