Con alrededor de 1.7 mil millones de usuarios activos mensuales, TikTok se ha consolidado como un fenómeno cultural de talla internacional. Aunque no está exenta de críticas, su influencia en la libertad de expresión y el acceso a la información es innegable. Por ello, su reciente restricción en Estados Unidos plantea importantes interrogantes sobre el control gubernamental de las plataformas digitales, especialmente desde una perspectiva de derechos humanos.
Esta aplicación china es una de las principales plataformas para la expresión política y el activismo, especialmente entre jóvenes de comunidades marginalizadas. Su accesibilidad ha brindado a miles de personas la oportunidad de expresarse libremente y difundir sus mensajes a una audiencia global. Ejemplo de ello son la documentación de la guerra en Ucrania o el conflicto israelí-palestino, en los que se generaron redes internacionales de solidaridad con gran impacto, demostrando así ser también una herramienta para fomentar reflexión política con una perspectiva alternativa a la de los medios tradicionales.
Adicionalmente, en algunos países como Estados Unidos, TikTok constituye una alternativa de ingreso económico para los usuarios, puesto que les permite monetizar sus “likes” y con ello generar recursos personales. Lo anterior, en adición a ser una herramienta de acceso a la información y de ejercicio del libre desarrollo de la personalidad de los usuarios, quienes robustecen sus libertades mediante el consumo incondicionado de contenido.
Así, no obstante sus beneficios, varios gobiernos señalan a TikTok como un riesgo importante para la seguridad nacional. Lo anterior, porque la plataforma tiene gran capacidad para recopilar datos de sus usuarios, con lo que se argumenta el aumento de probabilidad de actos de espionaje.
Por estas razones, la semana pasada se restringió el acceso a la aplicación en Estados Unidos, ya que ByteDance —la empresa matriz de TikTok— no logró vender las operaciones de la aplicación para que fuera propiedad principal de capital americano, conforme lo ordena la Ley para Proteger a los Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (PAFACA). Dicha prohibición legal fue ratificada por la Suprema Corte de Estados Unidos en el fallo del caso TikTok Inc. v. Garland, mediante la cual concluyó que, a pesar de las afectaciones a los usuarios de la plataforma, la ley que impide su acceso no viola la libertad de expresión que tutela la Primera Enmienda.
No obstante, el presidente Donald Trump, inmediatamente después de asumir el cargo, concedió una extensión de 90 días para permitir que ByteDance negociara la venta de TikTok en Estados Unidos, lo que resultó en la reactivación de su servicio.
Esta situación lleva a cuestionar si las prohibiciones legislativas y los fallos de la Suprema Corte tienen un impacto válido y necesario en los derechos humanos de los usuarios de TikTok, so pretexto de la protección a la seguridad nacional. Al respecto, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y otros críticos sostienen que la medida no es la idónea y por ello no cumple con los requisitos de la Primera Enmienda, ya que el gobierno no ha demostrado que la prohibición sea necesaria para proteger la seguridad nacional. En cambio, argumentan que restringir la expresión en línea no hace más seguro al país, sino que pone en peligro la democracia.
Este debate evidencia el complejo punto de encuentro entre las estrategias gubernamentales y las libertades. A pesar de las legítimas preocupaciones sobre la privacidad, algunos consideran que la respuesta del gobierno estadounidense refleja un doble estándar, ya que empresas estadounidenses como Meta y Google enfrentan acusaciones similares, pero no han sido objeto de la misma vigilancia. Limitar el acceso a una plataforma clave para el activismo podría afectar no solo la libertad individual, sino también la confianza en las instituciones democráticas.