Después de semanas de intenso debate, finalmente se aprobó la reforma a la Ley del Infonavit con la que, además de reconfigurar la política de vivienda en México, se pretende que en este sexenio el instituto construya 500 mil viviendas para entregar —con crédito o arrendamiento social—, mientras que el sector privado se encargue de otro tanto para personas no derechohabientes.
Para atender la deuda histórica de vivienda para las y los trabajadores de bajos ingresos salariales en nuestro país, el gobierno buscó, por un lado, tener una mayor intervención en la toma y participación de decisiones en el Infonavit y, por el otro, crear una empresa constructora filial como brazo de estrategia en el diseño y construcción de vivienda en México.
Estos cambios son criticados en ciertos círculos políticos, empresariales y sociales que sostienen que el nuevo marco legal pone en riesgo la transparencia del Infonavit, los recursos de los trabajadores y la igualdad en el mercado de construcción.
Es natural que cambios estructurales como éste nos incomoden como sociedad y hagan que prendamos las alertas sobre la intencionalidad política y los intereses que se mueven con ello, máxime cuando está en juego, además, dinero de las y los trabajadores. Así, para entenderla y valorarla en sus méritos, lejos de ver la reforma en blanco o negro, propongo valorarla dentro del contexto previo y actual de la vivienda en nuestro país.
Con el modelo anterior, el Infonavit tenía una sobrerrepresentación del sector de la construcción en la participación de los trabajadores y empleadores, lo que permitió un amorío de intereses económicos particulares que provocó financiamiento de obra que, por su lejanía de centros de trabajo y falta de tejido social, se convirtió en proyectos inconclusos que representan un adeudo por más de 500 millones de pesos en perjuicio de la clase trabajadora.
Hoy, para reducir costos y evitar que se prioricen intereses comerciales como en el pasado, la ley permite que el Infonavit haga compras consolidadas de materia prima y de terrenos para la construcción de vivienda social adecuada, permitiendo con ello la recepción de terrenos por donación estatal. Adicionalmente, para proteger los recursos del instituto, se prevén mecanismos inéditos de fiscalización por parte de SHCP, la Auditoría Superior de la Federación y la CNBV.
Es cierto que la empresa filial del Infonavit se constituirá como empresa privada para darle mayor libertad y eficiencia en sus atribuciones, y que sus recursos no serán objeto de una supervisión superior, como los diseñados ahora para el instituto. Sin embargo, además de que contará con un sistema de auditoría propio, la nueva ley ordena que esta filial se constituya con recursos del presupuesto del ejercicio 2024 y no con recursos de los derechohabientes como se había pensado; mientras que sus gastos operativos para los años subsecuentes no deberán exceder del 0.55% de los activos totales que administre el Infonavit. De ahí que es falso que se vayan a ocupar los 2.4 billones de pesos que actualmente tiene el instituto provenientes de los dineros de las y los trabajadores, y que sus subcuentas y/o créditos corran peligro por ello.
También es cierto que la empresa filial estará exenta del ISR, pero ello no debe considerarse una desventaja indebida. Lo anterior, ya que la propia reforma, al ordenar entregar vivienda a montos bajísimos, prácticamente impide la generación de utilidades reales para el Infonavit, como naturalmente lo buscan las constructoras privadas.
Así, pienso que los cambios a la ley se justifican y que su cuidado pasa por el manejo transparente de los recursos de los trabajadores. Los logros de esta modificación estructural del Infonavit dependerán de conseguir un punto de encuentro entre la empresa filial y las pequeñas, medianas y grandes constructoras para que exista una posibilidad real de tener vivienda social adecuada al tiempo de conseguir un beneficio económico privado.
