Se ha querido presentar a la democracia directa como la forma más válida y pura de la democracia, ignorando la rica evolución posterior del concepto. Pasa por alto que, ciertamente, los atenienses podían impulsar propuestas o vetar las que emanaban de la asamblea, pero tanto los ciudadanos como los legisladores estaban protegidos por los jueces, para evitar que la política se volviera campo de batalla de los odios y revanchismos personales. Nicolas de Condorcet, Alexis de Tocqueville y otros autores advirtieron sobre los riesgos de un gobierno sin la intermediación de representantes.
La manera en la que evolucionó la democracia directa en Estados Unidos ilustra su potencial y limitaciones.
A fines del siglo 19, la situación económica del país era crítica. Surgió un movimiento de granjeros empobrecidos, sindicalistas anarquizantes y deudores desesperados. No tenían una cohesión orgánica; sólo coincidían en su rechazo a los grandes potentados, que aumentaban su riqueza a costa de la gente común, y a los gobernantes que no hacían nada para impedirlo.
Eran muy individualistas; veían por su autointerés y no tenían una perspectiva comunitaria. Eran populistas: desconfiaban de las élites; pensaban que el pueblo era competente para autogobernarse y sabio para tomar las mejores decisiones. Observaban a la iniciativa, el referéndum y la revocación de mandato como oportunidades de arrebatarle la dirección de la nación al ejecutivo, el legislativo y el judicial. Querían construir un poder popular, con fuerza similar a los otros tres.
Al principio buscaron infructuosamente el respaldo de los partidos existentes. Frustrados, crearon el People’s Party y obtuvieron algunas posiciones. En los debates para la redacción de la Constitución del estado de California no pudieron abolir la legislatura, pero acotaron su discrecionalidad. Luego de eso, se dispersaron.
Al empezar el siglo 20 apareció otro movimiento, que también quería introducir formas de democracia participativa y que, de hecho, lo consiguió. En esta corriente progresista se alineaban grupos como la Liga de Mujeres Votantes y Common Cause; clérigos liberales, periodistas agudos, académicos y profesionistas con espíritu cívico.
Estaban preocupados por el dislocamiento social causado por la urbanización, la industrialización y la migración. A pesar de que los cuerpos legislativos frenaban los programas de ayuda, no querían anularlos, sino perfeccionarlos. Para ellos, la iniciativa popular era un contrapeso y un correctivo. Formaba parte de un programa reformista que incluía el sufragio femenino, las primarias directas, la expansión de los tribunales y la regulación sanitaria de los alimentos.
Creían firmemente que sólo un gobierno profesionalizado y neutral, que sustituyera a los políticos arribistas y facciosos, ineptos y desobligados, afrontaría el atraso social. Con iniciativas para crear comisiones apartidistas, gerentes de ciudad y asesoría técnica en las legislaturas, efectivamente, avanzaron mucho en el mejoramiento del servicio público.
En condados y ciudades, resultaron muy provechosas las iniciativas para preservar el ambiente, ampliar las áreas verdes y racionalizar la zonificación.
DESBORDE
En los setenta, en California y en otros estados, regresaron los populistas y rápidamente lanzaron una embestida contra el gobierno representativo. Con mayoría simple, sin participación alguna de las legislaturas o de los ejecutivos, pasaron reformas constitucionales o constitucionalizaron políticas públicas. Fijaron límites a los periodos de gobierno y achicaron el presupuesto a los Congresos; redujeron impuestos y etiquetaron o pusieron topes al gasto. En poco tiempo enredaron el marco legislativo, desfondaron los programas sociales y paralizaron a gobernadores y alcaldes, al restarles facultades y recursos.
Lo peor es que la temida “tiranía de las mayorías” advertida desde la Grecia clásica, se manifestó con iniciativas que han acelerado el populismo penal (y la encarcelación masiva), la inequidad (en la vivienda, por ejemplo) o la reducción de derechos a las minorías, especialmente a los migrantes. Hoy, dos tercios de lo aprobado en iniciativas se va a las cortes y mucho acaba siendo derogado.
En estados con muchas iniciativas (California, Oregón, Colorado), la polarización es extrema, porque una decisión forzada de SÍ o NO, sin debate ni matices, sustituye a la cuidadosa, iterativa y negociada deliberación parlamentaria.
Hay que añadir que muchos de los proponentes son representantes de intereses privados o partidistas que, al no haber transparencia ni límites legales en el uso de recursos, pervierten una opción que debería ser exclusivamente ciudadana.
La demagogia y la irresponsabilidad política no son democráticas. El fin de la democracia es proteger libertades y derechos; la participación es un medio.