Cada cinco años, la febril actividad que caracteriza al Congreso estadounidense se vuelve aún más demencial. Se trata de la discusión del Farm Bill. No hay otra legislación que sea más complicada, que tenga más partes interesadas (stakeholders), que presente posiciones más encontradas o que implique más recursos presupuestales.
La primera ley agrícola data de 1933 y fue parte del New Deal de Franklin D. Roosevelt. En aquel momento se buscó proteger los bosques, asegurar el abasto y mantener precios justos para productores y consumidores. Desde entonces ha habido otras 17 leyes agrícolas, que comprenden casi todo lo que se gastará en el sector el siguiente lustro. Antes del 30 de septiembre deberá aprobarse la edición 2023-2028.
La ley tiene 12 capítulos. En el primero se establecen los precios mínimos garantizados de las commodities (trigo, maíz, soja, sorgo, cacahuate, arroz) y las cuotas de importación de azúcar. También, los pagos a ganaderos y fruticultores por pérdidas de producción debido a desastres naturales.
En el segundo se incluyen los programas de conservación, particularmente lo relativo a la erosión de las tierras.
El tercero especifica los apoyos a la exportación y la ayuda alimentaria a otros países, tanto ordinaria como emergente.
El cuarto comprende las comidas en las escuelas, el apoyo a los bancos de alimentos, los incentivos para que se consuman más frutas y vegetales frescos y el programa de cupones de comida (food stamps), que hoy se llama Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y llega a 42 millones de personas.
Ese programa es el más contencioso. Por un lado, están los que buscan ampliarlo, porque afirman que es importante para reducir la pobreza. Piden incluir a más beneficiarios; sobre todo, veteranos, discapacitados y adultos mayores. Solicitan que la lista de productos que se permiten comprar incluya alimentos calientes y preparados.
Por el otro lado, están los que denuncian abusos y exigen restricciones. Reclaman que se les retire el apoyo a quienes tienen ingresos suficientes o se han vuelto parásitos. Exhiben casos de familias que han vivido de los cupones por generaciones o de delincuentes reincidentes que los reciben.
Pugnan por que se entreguen sólo por tiempo limitado y se exija a los favorecidos que tengan un trabajo, lo busquen activamente o estén en un entrenamiento para adquirir habilidades.
El quinto capítulo se concentra en la elegibilidad para los préstamos directos o las garantías para conseguir créditos privados.
El sexto abarca todo lo referente al desarrollo rural: infraestructura, acceso a banda ancha, desarrollo comunitario y apoyo a pequeños negocios. Tomar en cuenta que la agricultura representa sólo 7 por ciento del empleo rural agregado.
El séptimo engloba las subvenciones a la investigación y al extensionismo; en general, a todo lo que haga a los agricultores más eficientes, innovadores y productivos.
El octavo se ocupa del manejo forestal.
El noveno de la energía: créditos para proyectos de energía renovable y para la producción y comercialización de biocombustibles.
El décimo capítulo trata de todo lo relacionado con la horticultura y la floricultura: prevención de plagas, promoción comercial y certificación de productos orgánicos.
El capítulo once contiene las normas para las coberturas y el aseguramiento de cultivos. Lo nuevo es un seguro para cuando hay escasez de fertilizantes, situación que se presentó como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El doce y último, lo relacionado con la ganadería y la avicultura.
De todo lo anterior, lo único que se considera gasto obligatorio son los subsidios a las commodities, los seguros y el SNAP. Todo lo demás es gasto discrecional, que debe autorizarse año con año, al discutirse el presupuesto.
¿Y a nosotros, qué?
Los sectores agrícolas de Estados Unidos y México son en gran parte complementarios. La producción de cereales allá es moderna e intensiva en capital. Nosotros nos hemos especializado en la horticultura, la fruta y los productos tropicales, que requieren mucha mano de obra.
El T-MEC ha beneficiado a los granjeros de ambos países, aunque ellos se quejan más porque gozamos de un superávit comercial en el sector: les compramos 28 mil millones de dólares en productos agrícolas y les vendemos 43 mil millones (2022).
El riesgo ahora es que la prohibición del maíz transgénico y del glifosato que se ha decretado aquí, lleve a la anulación de acuerdos que los americanos ven desventajosos. Están muy fuertes las presiones.