En 1966, en plena Guerra Fría, se aprobó en Estados Unidos la Ley de Libertad de Información. No fue fácil porque muchos alegaban que era peligroso exponerse al espionaje de los soviéticos. Sólo la perseverancia de un grupo de congresistas logró romper la resistencia y sacar adelante la nueva legislación.
Gracias a eso pudimos conocer lo que hicieron Henry Kissinger y otros funcionarios antes y después del golpe de Estado en Chile. Desde 1968 empezaron a hacerse públicos los informes de los diplomáticos desde Santiago y las minutas de las reuniones en Washington. Progresivamente se fueron liberando informaciones y este año, cuando se cumplen 50 de ese acontecimiento, se difundió un nuevo paquete de documentos.
Por esa ley nos enteramos de los titubeos de la secretaria de Estado Hillary Clinton cuando se dio un atentado terrorista en la embajada de Estados Unidos en Bengasi, Libia (2012). Por más que ella y sus abogados alegaron que sus correos electrónicos eran una comunicación privada, éstos se hicieron públicos, mostrando que ella había mentido al decir que no sabía lo que estaba pasando.
En la sala de lectura virtual de la Oficina Federal de Investigación (FBI) se pueden encontrar todos los elementos de los diferentes procesos judiciales que se le están llevando al expresidente Donald Trump. Es apasionante ir siguiendo las investigaciones conforme se presentan nuevas evidencias y testimonios.
En la sala de lectura virtual del Departamento de Estado se puede encontrar la solicitud de información de un ciudadano al que se le hizo raro que, en la última semana de su mandato como vicepresidente, Joe Biden viajó a Ucrania. Le respondieron que fue un gesto simbólico de apoyo a ese país. Pero eso desató una investigación periodística que reveló que Hunter, el hijo de Biden, recibió sobornos de empresas de ese país para recibir autorizaciones de autoridades estadounidenses. Es difícil de creer que aquel viaje no estuviera relacionado con esos enredos.
Ocultismo burocrático
El derecho de los ciudadanos a saber cómo se conduce su gobierno se ha podido ejercer, también, porque existen periodistas que se han metido por semanas o meses enteros a los archivos o han hecho las preguntas correctas a las instituciones gubernamentales.
Igualmente, porque hay organizaciones civiles que crean bancos de datos temáticos y analizan determinadas políticas públicas, en un espacio de inteligencia ciudadana.
Y porque los tribunales han privilegiado ese derecho sobre otras consideraciones. El Departamento de Defensa se resistió hasta el final a la solicitud del Washington Post. La corte le dio la razón al periódico y tuvieron que dar a conocer el diagnóstico que mostraba que no iban a ganar la guerra de Vietnam (Papeles del Pentágono).
Barack Obama emitió una orden ejecutiva para acceder a los datos telefónicos y de correos electrónicos de periodistas y así, descubrir quiénes eran sus fuentes. Eso le permitió procesar y encarcelar a varios funcionarios.
Donald Trump de plano mandó borrar los archivos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), donde había información confiable sobre el cambio climático (que él negaba).
Los burócratas siempre alegarán que exponer al público sus actos es un costo inútil y un peligro para la seguridad nacional.
Después de más de medio siglo de vigencia, es evidente que la ley requiere de varias reformas. De inicio, hacer más sencillo el procedimiento de solicitudes. Aunque en los Archivos Nacionales, en la Oficina de la Casa Blanca y en las agencias existen servicios de localización de información, que ayudan a los que hacen consultas, hay áreas de oportunidad para mejora.
Por falta de presupuesto no se cumple el plazo de 20 días hábiles para responder solicitudes. Actualmente hay un rezago de más de 150 mil. También ayudaría establecer sistemas especiales para la Administración de la Seguridad Social y para el Servicio de Inmigración, ya que muchos requieren revisar sus expedientes personales y es absurdo que no lo puedan hacer directamente.
Hay que revisar una vez más las excepciones por las que legítimamente se rehúsa la entrega de información. En todo caso, esas negativas deben mostrar que existe un daño potencial. Incluso justificando página por página los documentos testados.
Algunos proponen que haya un tribunal federal especializado y que el gobierno pague los honorarios legales del demandante cuando pierda un caso.
Es interesante que, entre los reformistas, hay varios que ponen el modelo mexicano (Inai) como un ejemplo de lo que se debe de hacer.