Cuando Joe Biden iniciaba su campaña para la Presidencia, ofreció un cambio sustantivo en la política migratoria, después de tres décadas de fracasos. En particular, prometió abandonar las medidas punitivas en la frontera para sustituirlas por apoyos a los países en donde se originan los grandes flujos migratorios.
Apenas llegó a la Casa Blanca, encargó a Kamala Harris la elaboración de una propuesta. Sorprendentemente, la vicepresidenta mantuvo un perfil bajo y dio la impresión de que estaba molesta porque se le había asignado una tarea poco importante. Ni siquiera visitó todos los países expulsores. Sólo fue a Guatemala, donde pronunció un discurso poco empático, diciéndole a los migrantes: “No vayan a Estados Unidos, vamos a seguir controlando la frontera”.
En julio de 2021 presentó la “Estrategia para atender las causas de raíz de la migración en Centroamérica”. Ahí reconoce las inconsistencias que ha habido en la cooperación de Estados Unidos con las naciones del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) y amplía el posible espectro de esa cooperación.
Incluye, por ejemplo, asesoría a los gobiernos de la región para mejorar el ambiente de negocios, adoptando las mejores prácticas internacionales en regímenes fiscales, compras de gobierno, transparencia, combate a la corrupción y regulación.
También, ayuda para ampliar el acceso a educación, salud, agua potable, saneamiento y otros servicios básicos; expandir la inclusión digital y financiera; acercar el crédito a las pequeñas empresas; incrementar la producción agrícola; extender la infraestructura, transitar hacia las energías limpias y aumentar la resiliencia al cambio climático y a los desastres.
En suma, todo lo necesario para impulsar el desarrollo de largo plazo, para reforzar la gobernanza y la seguridad y para crear oportunidades económicas y empleos que hagan innecesaria la migración.
Kamala prometió que Estados Unidos proveería “recursos significativos” para echar a andar ese plan. Hizo además un “llamado a la acción” para que hicieran su parte los gobiernos, los organismos internacionales, las empresas y las organizaciones civiles.
Se estableció la Partnership for Central America, que incluyó a personajes como Klaus Schwab (fundador del Foro Económico Mundial), Luis Alberto Moreno (expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo) o Blanca Treviño (presidente de Softtek) y a corporaciones como Cargil, Mastercard o Pepsico. En el comité asesor se invitó a personalidades como Laura Chinchilla (expresidenta de Costa Rica) o a Julio Frenk (rector de la Universidad de Miami).
Tristemente, fueron pocos los países (Canadá y Japón) y las universidades (la escuela de Salud Pública de Harvard) que respondieron. Entre las empresas, sólo Nespresso (que aumentó sus compras a agricultores) y Microsoft (que patrocinó el acceso a banda ancha a centros comunitarios en Honduras).
La polarización en el Capitolio impidió que se aprobaran fondos adicionales a la ayuda que tradicionalmente ha proporcionado la Unión Americana.
No se pudo
En los dos años y medio que han pasado, la situación en el Triángulo del Norte no mejoró y el deterioro económico en Venezuela, Nicaragua y Cuba propició un incremento en la migración. Incluso, ahora las caravanas se arriesgan a cruzar a través del Tapón de Darién (100 kilómetros de selva peligrosa entre Colombia y Panamá).
El tráfico de personas y la extorsión a los migrantes empeoraron, sobre todo a su paso por México. Los coyotes han sido los grandes beneficiarios del mercado negro de la desesperación.
En mayo, el gobierno estadounidense levantó las disposiciones que, con motivo de la pandemia, permitían expulsar a los migrantes sin iniciar un proceso formal de asilo (Título 42). Entraron en vigor los castigos por entrar ilegalmente, como prohibir la admisión por periodos de cinco a 20 años (Título 8). Se facilitaron las peticiones de reunificación familiar. Los venezolanos, nicaragüenses y cubanos disponen ahora de procedimientos más sencillos.
Se suponía que con eso los migrantes solicitarían asilo antes de llegar a la frontera, pero eso no sucedió. Hay 1.6 millones de audiencias de asilo pendientes y el Congreso no autoriza fondos suficientes para incrementar el número de jueces y ampliar los centros de procesamiento. La situación en la frontera norte de México se complicó.
En la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el año pasado, se repitieron las buenas intenciones (“promover condiciones que eviten la migración”). En la reunión de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (en Washington, hace dos semanas) Biden anunció un donativo de 89 millones de dólares, colectados entre su país, Canadá, Corea del Sur, España y el BID.
Que luego no se quejen.