El problema migratorio en Estados Unidos no se puede abordar con explicaciones simplistas, como suponer que lo causa Donald Trump porque no quiere a los mexicanos. En realidad, el precandidato republicano aprovecha la situación, pero no es quien la origina.
La semana pasada examinamos cómo el enfrentamiento entre autoridades federales y estatales ha dificultado, por décadas, conseguir un acuerdo en esta materia. Y cómo se ha llegado a un punto crítico, con gobernadores y alcaldes que usurpan las atribuciones migratorias del gobierno central, porque éste no hace cumplir la ley.
Toca ahora revisar la forma en que las cosas se han complicado por el interjuego de los tres poderes federales.
El Legislativo es el gran culpable porque no legisla. La Ley de Inmigración y Nacionalidad vigente se aprobó a fines del siglo 19. Desde entonces, el fenómeno migratorio cambió mucho. Los criterios de admisión, exclusión y remoción han permanecido intocados, a pesar de que ya no son aplicables o contravienen los pactos de derechos humanos firmados desde entonces. Es el caso de las cuotas nacionales o de las limitaciones para que permanezcan en el país los que entraron para hacer estudios profesionales.
Después de que en los ochenta se aprobó una amnistía general y se endurecieron los controles fronterizos y los permisos para trabajar (ley Simpson-Mazzoli), no hubo posibilidad de nuevos acuerdos bipartidistas. En lo que va del siglo, la polarización en el Congreso se acentúo a tal grado que ya en lo único que se debate son las asignaciones presupuestales.
“El poder de la bolsa” se ha utilizado para presionar a la Casa Blanca (independientemente de que la ocupe un republicano o un demócrata) en temas que nada tienen que ver con la política de población. Los congresistas culpan a la administración de la entrada masiva de ilegales, al mismo tiempo que no le aprueban ampliar las instalaciones o contratar más personal para tener el “control operacional” de la frontera que marca la ley.
Tampoco han podido concertar en el Capitolio la ratificación de los funcionarios del ramo. En la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), después de ocho meses de ser nominado por el presidente Biden, confirmaron como comisionado a Christopher Magnus, en diciembre de 2021, y tuvo que renunciar menos de un año después por desacuerdos internos. No le ha ido mejor al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha estado dirigido por interinos desde el gobierno de Barack Obama.
Enredos judiciales
Los tribunales han tendido a favorecer a la Federación en sus disputas con los estados. En el tema migratorio esto es patente. La Corte Suprema obliga a los estados a inscribir a los niños indocumentados en las escuelas, pero ha anulado disposiciones estatales sobre migrantes ilegales (Arizona vs. United States, 2012). Al mismo tiempo, no legitima a los estados para obligar al gobierno federal a cumplir la ley migratoria (United States vs. Texas, 2023), lo que los coloca en una situación de impotencia.
Por otra parte, la Corte Suprema ha emitido sentencias humanitarias que han incentivado la migración. Exceptuó de la remoción inmediata a los niños no acompañados y a los adultos que entran con niños.
Al añadir el criterio de “miedo creíble” para aprobar las solicitudes de asilo, abrió la posibilidad de que millones de personas, alegando que podrían sufrir un daño poco definido, hayan sido admitidos en lo que esperan un juicio.
En contraposición, ha sostenido que la deportación es una sanción administrativa. Esto significa que debe seguirse el debido proceso, pero no aplican otras protecciones, como la de contar con un abogado.
Ante este panorama, los presidentes han buscado soluciones provisionales. Es lo que hizo Obama con el programa Dreamers. Difirió la deportación de los que arribaron a Estados Unidos en la infancia, sabiendo que los tribunales lo echarían para atrás. Tenía la esperanza de que el Congreso lo convirtiera en ley. Como eso no sucedió, los siguientes presidentes han resucitado el programa cada vez que las cortes lo anulan.
Entrampado entre el vacío legislativo, la limitación presupuestal y el activismo judicial, a Joe Biden no le ha quedado otra que aplicar la discrecionalidad burocrática y dejar pasar a casi todos los que solicitan asilo o logran cruzar el río y las alambradas.
Si gana Trump en noviembre, emitirá decretos y construirá más barreras, sabedor de que no servirán de nada.