Los acuerdos comerciales, más que liberalizar el intercambio, sirven para establecer restricciones estables al flujo de mercancías. Evitan así la continua confrontación entre importadores y exportadores. Desde ese punto de vista, son documentos más políticos que económicos.
Aunque hay un árbitro del comercio internacional, la Organización Mundial de Comercio (OMC) carece de fuerza coactiva y no ha sido capaz de construir un código que sea observado por todos. Los intentos de hacer alianzas multilaterales (como el Acuerdo Transpacífico) también han fracasado. La Unión Europea (UE), que parecía consolidada, cruje con la salida de Gran Bretaña. Sus miembros están arrepentidos de haberse expandido tan rápido. Los pactos bilaterales se cumplen a medias y en realidad nunca superan la asimetría entre naciones ricas y en desarrollo.
Como quiera que sea, es mejor operar dentro de un marco de cierta previsibilidad. Disponer de mecanismos de resolución de conflictos, aunque sean defectuosos, evita que disputas nimias se vuelvan enredos inacabables o casus belli.
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no ha sido la excepción. Fue una iniciativa de los americanos para mejorar su competitividad frente a Europa y Asia. Canadá y México aceptaron, más que por la promesa de prosperidad, por la seguridad de ya no estar sujetos a cambios repentinos en tarifas o a vivir bajo a la amenaza del bloqueo a sus productos.
Política interna
A diferencia de hace un cuarto de siglo, cuando se negoció el TLCAN, ahora hubo poca controversia dentro de los tres países. Los políticos aceptaron que una revisión era necesaria y pronto se entendió que el presidente Donald Trump no iba a dejar mucho margen de maniobra ni a su oposición interna ni a los socios extranjeros.
En Canadá porque el gobierno de Trudeau, aunque debilitado en las elecciones del 21 de octubre, cuenta con mayoría parlamentaria. Renuentes, los conservadores apoyan la ratificación; los nuevos demócratas son una fracción muy pequeña. Hay que considerar también que los gobiernos provinciales, con intereses económicos muy distintos, nunca pudieron hacer un frente para limitar las concesiones a su vecino del sur.
En contraste con lo sucedido a inicio de los noventa, el tema casi no se politizó en México. En las pasadas elecciones federales todos los candidatos se mostraron favorables a buscar un entendimiento. En ninguna plataforma partidista se planteó rechazar el T-MEC. De hecho, la transición a un gobierno de diferente color no entorpeció el proceso ni significó un cambio importante de posiciones. El Senado fue informado periódicamente del avance de las pláticas, pero el asunto quedó fuera de los debates y no se cuestionó el desempeño del equipo negociador.
Trump enarboló desde el principio la bandera del nacionalismo económico. El desplazamiento de puestos de trabajo en la manufactura y la caída en los precios de los productos agrícolas han afectado particularmente a los estados del medio oeste, que eran -y siguen siendo- decisivos en la lucha por llegar a la Casa Blanca. Son fenómenos complejos que fácilmente se pueden achacar al comercio.
Los republicanos, que desde la campaña de hace tres años vieron cómo les sumaba votos el "America first", se alinearon con el presidente. Los demócratas, presionados por los sindicatos y los ambientalistas, tuvieron que sumarse a sus demandas.
Ni a unos ni a otros les preocupó demasiado. En un estudio de la Oficina de Investigación del Congreso se midieron las referencias al USMCA en todas las formas de comunicación de los legisladores de ambas cámaras (discursos en el Capitolio, declaraciones en audiencias, cartas entre ellos, boletines de prensa, newsletters en sus distritos, videos de YouTube, posteos en Twitter, Facebook, Medium e Instagram). Entre el primero de enero y el 3 de diciembre de este año los republicanos lo mencionaron 5 mil 123 veces (casi todos de forma positiva) y los demócratas únicamente 468 veces (no todos de manera negativa). Eso explica lo expedito que avanzó la discusión en la Cámara de Representantes y lo rápido que lo hará en el Senado, a partir de enero.