Estados Unidos tiene más elementos de seguridad pública por habitante que cualquier otro país desarrollado, pero eso no hace a sus ciudadanos sentirse más seguros. De hecho, las familias pobres temen cualquier contacto con los que supuestamente los protegen.
El fenómeno tiene muchas causas. La primera, el equipar a los guardianes de la ley con armas de alto poder. Ellos se justifican señalando que las mismas proliferan entre los civiles y eso hace muy peligrosa su labor.
Es cierto: la ley casi no restringe la venta, incluso de metralletas o rifles de asalto. Desde los primeros tiempos de la nación se consideró que la mejor forma de proteger al pueblo de una tiranía era permitir a todos la posesión de armas. En la conquista del Oeste cada quien tenía que defenderse como pudiera. Se volvió normal estar acorazado y se popularizaron los clubs de tiro.
En algunos estados se permite portarlas siempre y cuando sean visibles. La gente va al cine, a jugar boliche o a la iglesia con su pistolota al cinto. Miles de niños y muchachos han muerto accidentalmente al manipular el revólver del papá; para evitarlo la misma policía da cursos de verano sobre su uso 'correcto'. Las masacres han llegado hasta las escuelas y los templos.
No faltan excusas para pertrechar a los oficiales con lanza-granadas o de plano meterlos en tanques artillados. Un patrullero común carga con escopeta o rifle. La Suprema Corte ha determinado que los agentes pueden hacer uso de fuerza mortal si alguien, a su juicio, representa un peligro para él o para otros. Hasta hace poco, se permitía disparar a vehículos en fuga.
Aunque la ley lo limita, los vigilantes detienen y cachean a cualquiera que se les haga sospechoso (frecuentemente un negro o un latino) y no falta el que les siembra droga. Para cumplir las órdenes de arresto o cateo se utilizan, por 'prudencia táctica', fuerzas especiales (SWAT), que no tocan el timbre, dejan heridos inocentes y alarman a todo el vecindario.
Errores
Mucho de eso pasa porque los departamentos de policía están muy presionados por la población para reducir los índices delictivos. Lamentablemente la dureza y muchas de las políticas que ensayaron han resultado contraproducentes.
La teoría de las 'ventanas rotas', que suponía que, al no dejar de perseguir faltas menores se evitan crímenes mayores, produjo un exceso de arrestos. Vender sin permiso en la vía pública, escandalizar o 'actuar raro' son motivo suficiente para encarcelar y fichar al que sea. Pasarse un alto implica para un muchacho quedar con antecedentes y perder la licencia de conducir. Así difícilmente conseguirá un trabajo.
Muchos de los (cerca de mil al año) que mueren por las balas de un policía, están huyendo luego de cometer una violación a la ley de bajo impacto que, sin embargo, les significaría muchos años en la cárcel. Saturar los penales no ha servido de nada.
Algún experto tuvo la idea 'genial' de utilizar a los gendarmes para generar ingresos fiscales para los gobiernos locales. Para ese fin se determinaron fuertes multas a quienes desobedecen las ordenanzas municipales y de tránsito, al tiempo que se exigía a cada uniformado una meta de infracciones. Los convirtieron en cazadores. A los sancionados les conviene más declararse culpables que ir a alegar su inocencia a la Corte, porque si el veredicto es negativo les cargan los gastos judiciales.
Otra innovación con resultados ambiguos fue el llamado CompStat, experimentado por primera vez en Nueva York. Para reducir la criminalidad, mediante algoritmos, se estudian las zonas donde es más frecuente y ahí se concentran los recursos (hot spot policing). El problema es que la sobrevigilancia de un sector provoca un 'efecto cucaracha' y al mismo tiempo induce mayores abusos.
Las cámaras corporales y en las patrullas sí han servido: moderan la conducta de los agentes, ayudan en las investigaciones y reducen las quejas frívolas.
También tiene sentido acotar las funciones de la policía y sustituirla, en lo posible, por organismos de servicio social. En muchos casos la presencia de un guardia escala los conflictos en lugar de sofocarlos. En Holanda hay 55 mil policías y 24 mil oficiales de paz (no armados), que mantienen el orden en los eventos masivos, tratan con los enfermos mentales y acuden a arreglar pleitos domésticos o vecinales.