Policía comunitaria
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Policía comunitaria

12/08/2020

Los años sesenta fueron tumultuosos en Estados Unidos. Gigantescas manifestaciones contra la guerra de Vietnam y contra la discriminación hacia los negros y los chicanos fueron fieramente reprimidas por la policía y hasta por la Guardia Nacional. Cuando el Pentágono decidió retirarse del Sudeste Asiático y el Capitolio reconoció los derechos civiles y políticos de todos, quedó un fuerte resentimiento hacia esos cuerpos. Fue la primera vez que se habló de acercarlos a las comunidades.

Al principio, la aproximación fue muy tímida: a ratos se bajaban de la patrulla a caminar por las calles céntricas. Con el tiempo se hicieron amigos de comerciantes y paseantes. Sin embargo, en las zonas pobres siguieron siendo distantes y poco amables.

En las dos décadas siguientes creció la delincuencia y la población exigió mano firme. En el Congreso, una coalición bipartidista (que sobrevive hasta nuestros días) fue endureciendo la legislación penal, afectando desproporcionalmente a la población de color. En 1984 se impusieron sentencias más largas a los traficantes de cocaína en piedra que a los vendedores de cocaína en polvo. El 88 por ciento de los condenados por comerciar crack eran negros.

Lo peor vino en 1994 con la ley para el control del crimen violento. Promovida por el presidente Bill Clinton (que fue procurador de Arkansas) y por Joe Biden (en ese entonces presidente de la Comisión judicial del Senado) y respaldada por legisladores demócratas aún vigentes (Nancy Pelosi, Chuck Schummer, Bernie Sanders), le permitía a los estados recibir financiamiento para construir nuevos penales y le aseguraba sentencias casi de por vida a los reincidentes. Estados Unidos se convirtió en el país desarrollado con mayor porcentaje de su población encarcelada.

Como los abusos de los uniformados se multiplicaron, esa ley también facultaba al Departamento de Justicia a investigar a los departamentos de seguridad pública más problemáticos. Al mismo tiempo, proveía de fondos para establecer programas de policía comunitaria. Los comandantes empezaron a asistir a los concejos municipales y a las juntas vecinales, en las que raramente estaban presentes representantes de las minorías. En consecuencia, las zonas más afluentes eran mejor vigiladas.

LO MISMO

En los noventa también se puso de moda fijar cuotas de reclutamiento que reflejaran a los diferentes segmentos demográficos. Actualmente los negros y los latinos están sobrerrepresentados en esos cuerpos. Los conflictos se distendieron, pero no hay evidencia empírica de que eso haya reducido significativamente los hechos de brutalidad hacía esos colectivos.

En lo que va del siglo, el Departamento de Justicia ha emprendido docenas de investigaciones cada vez que un departamento de policía se ve envuelto en un escándalo. Generalmente se llega a un acuerdo por el cual la autoridad federal paga un programa de reformas que incluye: cursos sobre el correcto uso de la fuerza, el desescalamiento de situaciones violentas y el trato no discriminatorio. También actividades “comunitarias”, como visitas a las escuelas y quioscos de información en las ferias.

Entre 1993 y 2018 el crimen violento disminuyó 51 por ciento. Muchos factores contribuyeron a ese resultado. Sin duda, la profesionalización y el uso de tecnología. Sin embargo, gran parte de la ciudadanía lo atribuye a la dureza policial y a la severidad penal. Eso explica que los políticos, que no quieren verse “soft on crime”, siguen prometiendo aumentar el número de efectivos. Es lo que dice Trump y es lo que hizo Joe Biden en sus dos campañas anteriores y en la actual.

Luego de los sucesos de Minneapolis surgió la demanda de reducir los presupuestos de los departamentos de policía. Biden titubeo y dio a entender que estaba de acuerdo. Inmediatamente la campaña de Trump subió un anuncio demoledor. Una señora está sola en su casa viendo el noticiero de la noche, donde dan la nota sobre las declaraciones del candidato. En ese momento se da cuenta de que alguien trata de entrar a su casa. Toma el teléfono y marca al 911. Le contesta una grabación. Al mismo tiempo el locutor dice que por limitaciones presupuestales habrá menos operadores del teléfono de emergencia.

El abanderado demócrata corrigió y ahora propone lo contrario: aumentar el gasto en seguridad. Parte de ese incremento iría a proyectos de policía comunitaria. En medio siglo la receta no ha cambiado. Otra vez fracasará porque lo que se necesita es algo bien sencillo: rendición de cuentas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.