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Sindicatos

16/10/2019

Desde el principio, la principal central sindical de Estados Unidos (la AFL-CIO) se opuso a los tratados de libre comercio. Estaban convencidos de que las grandes corporaciones los usarían para chantajearlos: o aceptaban aumentos modestos en sus retribuciones o se llevarían sus plantas a países con mano de obra más barata. Aunque todavía agrupa a 55 grandes organizaciones y a 12.5 millones de afiliados, en las últimas décadas la AFL-CIO ha perdido miembros, ha visto mermada su reputación y ha perdido poder de negociación frente a las empresas e influencia en el Congreso. Por ello, cuando vieron que no podrían detenerlos, cambiaron de estrategia: pugnar porque incluyeran medidas que atenuaran sus efectos negativos sobre la fuerza laboral. Si la globalización es inevitable, cuando menos hay que tratar de moldearla, pensaron.

Observaron que una de las razones por las que los obreros de otras naciones aceptaban pagas miserables era porque no tenían verdaderos sindicatos que los defendieran. Propusieron entonces que los gobiernos que quisieran entrar a esos arreglos garantizaran a sus trabajadores los mismos derechos de que gozaban los estadounidenses. Incluso boicotearon la venta de calzado y ropa de marca, elaborada en países pobres de Asia y África en las que no se respetan las condiciones mínimas (jornadas y jornales), las prohibiciones (discriminación femenina, trabajo forzado o infantil), las prevenciones (seguridad, salud) o las indemnizaciones (por enfermedades o accidentes ocupacionales) acordadas por la Organización Mundial del Trabajo.

Insistieron en limitar las importaciones de lugares en los que no hay libertad de asociación, derecho a la negociación colectiva y a la huelga o democracia en la toma de decisiones.

Más adelante añadieron otras condiciones: que sus socios comerciales tuvieran regulaciones ambientales, de seguridad en el transporte y de protección de datos personales similares a las de Estados Unidos; que se incluyeran reglas de origen (para asegurar un porcentaje de contenido regional) y limitaciones a la participación extranjera en las compras gubernamentales. Todo ello bajo la etiqueta de “comercio justo”.

“Arreglar” el NAFTA

En 1993 el presidente Bill Clinton consiguió el apoyo bipartidista necesario para aprobar el TLCAN al incluir un anexo (Acuerdo de cooperación laboral de Norteamérica) en el que México y Canadá se comprometían a mejorar los salarios, acatar sus propias leyes y respetar los once principios propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A efecto de verificar su cumplimiento se establecieron oficinas nacionales para recibir quejas, revisarlas y, en su caso, convocar a consultas ministeriales. Si procedían, un comité de evaluación formado por expertos elaboraría un reporte con recomendaciones. Si aún así la disputa no se resolvía, acudirían al arbitraje, pero su fallo sólo sería vinculatorio en casos muy graves. En 25 años se presentaron por la parte estadounidense cuarenta inconformidades, pero ninguna fue más allá de las consultas de alto nivel.

Lo cierto es que muchas de las plazas perdidas en la manufactura se debieron a la automatización y que se crearon nuevas en otros sectores, como la construcción y los servicios. Aún así, miles han tenido que aceptar empleos precarios, innumerables comunidades han sido devastadas y los sueldos se han estancado. Realidades que, manipuladas, le permitieron al presidente Donald Trump exigir la revisión del tratado para captar el voto de los inconformes.

En la negociación México entendió que en esta materia se podía hacer un poco más que sólo reiterar lo anteriormente pactado. Reconocido lo dañino que para nosotros han sido las juntas de conciliación y sus litigios eternos, los sindicatos blancos y los contratos de protección, el corporativismo gremial y los líderes charros, se promovió una reforma integral en la materia. Antes de cuatro años, deberán desaparecer las juntas y todos los contratos colectivos tendrán que ser avalados por la mayoría. Paralelamente, se ha adoptado una política de incremento gradual del salario mínimo.

Eso no ha sido suficiente para la AFL-CIO. Empoderada por la insolencia con que su presidente conduce la política exterior, insiste ahora en que inspectores de allá vengan a supervisar las instalaciones de las compañías (y hasta las de sus subcontratistas) para asegurarse de que no hay violaciones a lo convenido. Pide también que haya sanciones tan severas como retirar el tratamiento tarifario preferencial a lo producido en esos establecimientos.

Tienen frenada la ratificación del T-MEC pero saben que consiguieron mucho y difícilmente obtendrán más. Persistir en el obstruccionismo ampliará su desprestigio.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.