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Ya casi

27/11/2019
Actualización 27/11/2019 - 14:47

Hay tres razones para pensar que por fin camina en Washington el proceso de aprobación final del nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos.

La primera, porque los americanos consiguieron prácticamente todo lo que pretendían. Si uno lee el “Sumario de objetivos para la renegociación del NAFTA” (publicado por su Representante comercial el 17 de julio de 2017) constata que obtuvieron lo que esperaban, y más.

Canadá eliminó su esquema de precios en lácteos y convino en elevar las cuotas de importación de productos agrícolas. En el sector automotor México aceptó aumentar a 75 por ciento el contenido regional y que 40 por ciento del valor de cada unidad sea fabricado por obreros que ganen al menos 16 dólares por hora. Con eso se reduce el incentivo para traer más plantas y se aumenta la participación de la Unión Americana en la cadena de suministro. También lograron concesiones en sectores tan diversos como textiles, vestido, acero, vidrio, química o fibra óptica.

En el “entendimiento” firmado hace exactamente un año están incluidos no sólo nuevos capítulos (sobre comercio electrónico, mejores prácticas regulatorias, anticorrupción, pequeñas y medianas empresas) sino también un anexo sobre servicios financieros y cartas laterales sobre energía, recursos naturales, investigación y desarrollo, vinos (con Canadá); seguridad de automóviles, bebidas destiladas, quesos (con México); solución de controversias (con ambos).

Lo que aún se discute son los detalles de cómo implementar todo eso. Por meses, grupos de trabajo de congresistas han transmitido a los funcionarios de la administración sus inquietudes; ellos las han presentado a los negociadores canadienses y mexicanos, que a su vez, han hecho propuestas de solución que se han ido aceptando.

De lo que queda por pactar, está claro que el gobierno de Trump ya no va a cambiar su posición sobre el plazo de protección intelectual de los medicamentos biológicos, en beneficio de la big pharma. Recientemente anunció una nueva política para reducir los precios, lo que desarma a sus opositores. En la cuestión ambiental, consiguieron introducir un nuevo capítulo, que incluye casi todo lo que demandaban las industrias pesquera y forestal.

En el tema laboral México aceptó hacer una reforma integral y la semana pasada se aprobó el presupuesto necesario para llevarla a cabo. Lo que todavía se debate es la pretensión de que inspectores estadounidenses certifiquen el cumplimiento de los compromisos en las plantas de nuestro país, lo que podría llevar a restricciones a nuestras exportaciones sin el amparo de un panel arbitral imparcial.

El segundo motivo por el que les urge contar con el USMCA es que la guerra de tarifas con China se ha prolongado demasiado y está afectando severamente a la producción agropecuaria, de por sí deprimida por la caída en los precios de los commodities. Las exportaciones son la válvula de escape del sector rural y, de hecho, de toda su economía. En 2018 vendieron a Canadá y México bienes y servicios por 564 mil millones de dólares. En comparación, el valor de sus exportaciones a China, Japón y el Reino Unido fue de 120, 75 y 66 MMD, respectivamente. La incertidumbre sobre la inversión y el empleo es ya insoportable.

En tercer lugar, se acercan las elecciones presidenciales y legislativas. Algunos piensan que, por lo mismo, los demócratas no le van a conceder a Trump la oportunidad de colgarse la medalla de una promesa de campaña cumplida. En realidad, a ellos les urge más mostrar a la ciudadanía que no son culpables de la parálisis legislativa y no están dedicados sólo a tratar de destituir al presidente. Como bien lo entiende Nancy Pelosi, aunque sólo se requieren veinte votos demócratas, les convendría mostrar que pueden llegar a un consenso bipartidista.

El año pasado recuperaron el control de la Cámara de Representantes, pero los nuevos diputados ganaron por márgenes estrechos y no tienen asegurada la reelección. Los distritos más competidos son precisamente los que se beneficiarían con la entrada en vigor del tratado. Los estados decisivos para la justa presidencial son los del medio oeste y los demócratas no querrán verse como los culpables de frenar los ingresos de los granjeros o los empleos de los obreros automotrices.

Una vez que se establezcan los términos de implementación, todavía se requieren noventa días para la votación en ambas cámaras. La ratificación en Canadá vendría tres meses después.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.