Las consultas y sus vicios
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Las consultas y sus vicios

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Las consultas y sus vicios

18/10/2019
Actualización 18/10/2019 - 12:01

Consultar a los ciudadanos para decidir temas de gobierno y política pública es una de las virtudes de la democracia participativa. Sin embargo, algunas consultas en nuestro país han tenido más vicios que virtudes.

La consulta del domingo pasado en Baja California es un mal ejemplo, es decir, es un ejemplo muy ilustrativo de cómo no hacer consultas. Se le puede criticar desde varios ángulos, pero mi reflexión se centra en uno: la formulación y presentación de las opciones a elegir.

Al igual que en las elecciones, en una consulta los ciudadanos deben contar con las garantías para poder expresar sus preferencias. Para ello es fundamental que el planteamiento de las opciones sea claro, neutral, balanceado y sin falsedades.

La consulta de Baja California cojea notablemente en su formulación. Fue un planteamiento parcial con favoritismo hacia la ampliación del periodo de dos a cinco años de un gobernador que fue electo en una elección constitucional para un periodo de dos años.

La boleta de la consulta presentó dos opciones para elegir. Una, denominada 'Proyecto 5', proponía lo siguiente: “Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años de gobierno”. Esta opción, que se presentó como el statu quo apelando a la continuidad de algo que es muy reciente, empleó términos positivos como “reforma” y “aprobada”, además del verbo “mantener” dos veces en una misma frase. Gritaba algo así como, 'supérenlo, hay que darle para adelante'.

La segunda opción, denominada 'Proyecto 2', proponía lo siguiente: “Llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a 2 años”. En ésta se destacan términos negativos como “contrarreforma” y “limitar”. Así, mientras que una opción iba perfumada, la otra llevaba disfraz de villano. En otras palabras, el planteamiento de la consulta estuvo sesgado. No fue una consulta imparcial, toda vez que tomó partido hacia una opción.

El asunto queda ahora en manos de la Corte, pero en la esfera de la opinión pública, las encuestas que se han hecho, tanto en la entidad (como la que publicó Reforma hace unos días) como a nivel nacional (como la que publicamos en este espacio hace unos meses, 'Baja California contra el pueblo', 19 julio 2019), han mostrado que la mayoría de los ciudadanos se opone a la medida de ampliar el periodo de gobierno después de la votación.

Una encuesta nacional de El Financiero, realizada a finales de julio, y que dejé en el tintero sin publicar pero que ahora rescato, mostraba el rechazo a la medida conocida mediáticamente como la 'ley Bonilla'.

Según el sondeo, en ese mes el 32 por ciento de los mexicanos estaba enterado “de la ampliación del periodo de gobierno de 2 a 5 años que aprobó el Congreso de Baja California”. Ante la pregunta de qué debía de hacerse ante tal medida, el 35 por ciento dijo que “se debe aceptar y respetar”, mientras que el 52 por ciento dijo que “se debe rechazar y echar para atrás”. Si consideramos solamente a quienes sí estaban enterados del asunto, el rechazo a la ampliación era todavía más alto, de 64 por ciento. Queden ahí estos datos como registro.

Pensando en las consultas que haya más adelante en el país, hay que tomar en cuenta que en un mecanismo de democracia participativa las opciones que se presentan (y cómo se presentan) deben garantizar la libre, equitativa y genuina expresión de las diversas preferencias ciudadanas.

Ante la tendencia global de creciente desconfianza ciudadana en los políticos, es probable que las formas de democracia participativa puedan ser un punto de acercamiento, de empoderamiento mutuo y de restablecimiento de la confianza perdida. La consulta de Baja California iba en sentido contrario.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.