Linchamientos

Las noticias que nos llegaron desde Valle de Chalco el día de ayer no son las de un linchamiento que no fue, sino las de la furiosa movilización de la gente tras un presunto violador y homicida para hacer justicia por su propia mano. No es la primera vez que sucede, ni tampoco es el único lugar. La detonación de ese tipo de conductas sociales en nuestro país no es rara, ya ha sucedido en otros estados y en otras ocasiones.

Decía Elías Canetti sobre la masa que, "una vez constituida, quiere crecer con rapidez. Resulta difícil hacerse una imagen exagerada de la fuerza e imperturbabilidad con que se extiende". La persecución de ayer en Chalco ilustra la enorme capacidad de la sociedad mexicana para activar un tipo de solidaridad negativa que contrasta con aquella que surge en tiempos de emergencia para ayudar a otros. La turba que persigue a presuntos delincuentes no tiene como objetivo salvar vidas o ayudar a necesitados; por el contrario, busca ajusticiarlos quitándoles la vida. Para ello, la turba se sitúa por encima de la ley y las instituciones, y en muchos casos rebasa la capacidad de las autoridades. El detonante para hacerse justicia puede ser simplemente un rumor o una acusación sin fundamentos.

El lugar en Chalco donde se dieron los eventos ayer, la colonia Poder Popular, no podría tener un nombre más simbólico. El poder popular puede expresarse con gran fuerza, como lo hizo el 1 de julio, por la vía de la institucionalidad electoral y con grandes muestras de civismo. Pero también puede tomar la forma de una solidaridad negativa que lleva a ciertas atrocidades como la justificación del linchamiento. Nos guste o no, ése parece ser uno de los rasgos del carácter nacional.

De acuerdo con la encuesta CNEP, que se hizo en México en julio de 2018, el 43 por ciento de los mexicanos opina que el linchamiento, que la gente haga justicia por su propia mano, es justificable: el 13 por ciento opina que siempre se justifica y el 30 por ciento cree que algunas veces. El 52 por ciento cree que el linchamiento nunca se justifica, pero, a pesar de ser una mayoría, lo cierto es que por lo menos cuatro de cada diez mexicanos sí justifican el linchamiento y que la gente tome a la justicia en sus manos.

El problema es muy amplio y afecta a cualquier ciudadano, pero me voy a permitir manifestar una preocupación gremial. Lamentablemente, la labor de los encuestadores de campo está expuesta con frecuencia a esos peligros, y basta con que alguien de la comunidad local donde se encuentra haciendo su trabajo de entrevistas lo señale como criminal, violador o secuestrador, para que desate una turba con todos los riesgos que ello representa. Los eventos de 2015 en Ajalpan, Puebla, donde dos jóvenes encuestadores fueron linchados, aún están fuertemente marcados en la memoria de la comunidad demoscópica (ver la declaración de WAPOR al respecto: https://wapor.org/statement-on-interviewers-lynched-in-ajalpan-mexico/).

En 2018 también hubo casos de turbas que afortunadamente no terminaron en linchamientos, pero que pudieron serlo. En el municipio Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, hubo un traumático incidente hace cuatro meses con un grupo de encuestadores; ahí hay que aplaudir la forma como se condujeron las autoridades, que también corren el riesgo ante una turba incontrolable. Como dije, la noticia en esos casos no es el linchamiento que no fue, sino ese rasgo social de organizarse para ajusticiar por mano propia. Hasta donde sé, ni en Puebla ni en Oaxaca hubo consecuencias legales o penales para la comunidad justiciera o para los provocadores, por lo que su conducta negativa queda impune. Chalco quizás quede en lo mismo.

Sirvan estos datos de las encuestas para reflexionar acerca de uno de los rasgos de cómo somos los mexicanos y de cómo el Estado de derecho sigue siendo un gran pendiente.