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19 de septiembre

19/09/2019
Actualización 19/09/2019 - 14:20

Las probabilidades de que ocurriera otro terremoto el 19 de septiembre eran casi imposibles, sin embargo, ocurrió en 2017, al igual que en 1985 y el día de hoy, en medio de un macro simulacro, se recuerda que la naturaleza no tiene palabra y que puede volver a ocurrir.

Cierto, ante los fenómenos telúricos, poca cosa se puede hacer que no sea encomendarse al creador, aunque lo que corresponde a la población y en particular al gobierno todavía hay mucho que hacer, sobre todo en materia de prevención y por supuesto también en los temas de reconstrucción.

Cuando vemos que en la Ciudad de México ni siquiera la totalidad de las alarmas sísmicas están en operación, qué se puede esperar del cumplimiento del Reglamento de Construcción y de nuevas mega obras que avanzan más como un producto de la corrupción que como resultado de un desarrollo urbano ordenado y planeado.

Ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales están preparados en temas presupuestales para atender una emergencia emergida de los temblores y ahora, menos cuando el nuevo gobierno se ha dedicado a recortar el Presupuesto en aras de una disfrazada austeridad franciscana.

Si los damnificados por los sismos de 2017 están olvidados por el gobierno de AMLO, al igual que lo hiciera Peña Nieto, pues qué se puede esperar ante el nuevo embate de la naturaleza.

La diputada Mónica Almeida López (PRD), secretaria de la Comisión de Vivienda, aseveró que el gobierno federal se ha olvidado de los más vulnerables, pues en lo que va del año, más de 4 mil damnificados por los sismos de 2017 se encuentran desprotegidos y sin acceso a apoyos federales para iniciar la reconstrucción de sus viviendas, esto tan sólo en Oaxaca.

Afirmó que se ha ejecutado el 70 por ciento del presupuesto destinado para la vivienda en el país, sin embargo, los damnificados no han contado con el apoyo para reconstruir sus hogares.

El ejercicio fiscal está por terminar y los subejercicios, así como la mala planeación y ejecución de recursos están afectando a los beneficiarios.

Almeida López señaló que es una acción sumamente preocupante que el gobierno, más allá de no tener la capacidad de llegar a todas las regiones afectadas por los sismos de hace dos años, siga planeando marginar la vivienda social al destinar su presupuesto al apoyo de tan sólo 16 ciudades en todo el país.

El Plan Nacional de Desarrollo, solo de manera sesgada, atiende este tema y qué decir del Presupuesto para el 2020 en donde los recursos destinados a los fondos de prevención para contingencias están más castigados que los presupuestos de la Secretaría de Gobernación y de Turismo.

En países con alta sismicidad como Japón, tienen un enfoque de las políticas públicas y desarrollo urbano, muy diferente a México; allá, todo pasa primero por el crisol del impacto de los temblores y la preparación para evitar que los próximos sismos cobren vidas humanas y que destruyan viviendas e infraestructura urbana. Acá, la obra pública y el desarrollo urbano se hacen conforme a los caprichos de la clase política en turno y del tamaño de su voracidad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.