Aún con el inicio de la temporada de lluvias, la sequía cubre cada vez más estados que en otras épocas no padecían de la falta del vital líquido y ante ello, no solo falta un programa rector en el que participen los tres niveles de gobierno, sino del concurso de la sociedad en su conjunto.
Desde 1991 no se presentaban estos niveles de reducción de agua en las 215 presas más importantes del país, que en promedio registran 28 por ciento de su capacidad y que con el paso del tiempo se recrudecerá el problema a niveles peligrosos para mantener a la ganadería y también la producción de alimentos.
Entretenidos en la contienda electoral y en otros fuegos artificiales, no le damos la importancia que requieren diversos problemas que agobian a la población, como es precisamente la sequía que ya afecta al 87 por ciento del país.
No sobra decir que la autosuficiencia energética, de alimentos y de agua, conforman la trípode en el que se sustenta el desarrollo sostenible a nivel global y regional.
La interrelación de estos tres grandes rubros da como resultado, sin exagerar, la sustentabilidad de un país hacia el futuro.
Estamos en el umbral de un periodo ominoso para México en cuanto a lograr la producción de energéticos, alimentos y por supuesto la generación y captación de agua para una población de 126 millones de mexicanos, de los cuales más de 65 por ciento viven en pobreza y marginación, en este contexto se puede vislumbrar el tamaño del reto al que se enfrenta el país para las próximas tres décadas.
Desde el Poder Legislativo, las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y el diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, emplazaron al gobierno federal a construir un plan de emergencia que minimice los daños y estragos de la sequía.
Con este objetivo, informaron sobre la presentación de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, en el que solicitan al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, entregue al Poder Legislativo un plan estratégico para combatir los daños de la peor sequía en los últimos 30 años en el país.
El agostamiento es el peor desastre natural, por eso la premura de prepararse con políticas públicas para atender lo inevitable, un problema que anticipa la escasez de agua para beber y cultivar, una menor producción agrícola y ganadera, deforestación, generación de incendios, entre otras consecuencias.
Los legisladores pidieron no ignorar los reportes publicados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que advierten que 87 por ciento del territorio mexicano sufre sequía en diferentes intensidades, mientras las presas se encuentran a niveles excepcionalmente bajos.
Entre las medidas elementales que debe llevar la población y desde luego el gobierno es el ahorro del líquido y la inyección de recursos públicos para la generación, captación y mejor aprovechamiento del uso del agua.
El Monitor de Sequía en México indica que las regiones más afectadas por la falta de agua son el noroeste y norte del país, así como Guanajuato, Michoacán, Guerrero y la costa norte de Oaxaca.
Las diputadas reiteraron que la situación actual del país es grave; por lo que hicieron un llamado para que las autoridades pongan manos a la obra y ejecuten políticas públicas que permitan amortiguar y aminorar los impactos negativos que esta calamidad natural conlleva.
Asimismo, exigieron que el gobierno federal rinda cuentas de su gestión como responsable y vigilante del Programa Nacional Hídrico y las políticas y lineamientos para la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y los recursos y bienes hídricos de la nación.