El presidente López Obrador promueve tres propuestas de reformas constitucionales en el Congreso de la Unión en torno a una trilogía de grandes temas que en nada sirven para el país y a los ciudadanos, como son la privatización del sector eléctrico, no obstante que varios jueces han frenado la Ley relativa a este tema, que fue aprobada en este año y en la cual se busca, entre otras cosas, que la CFE tenga el monopolio nuevamente de la generación eléctrica, al dejar al margen al sector privado, quien con su intervención, por cierto, se ha abaratado la energía eléctrica en muchos sectores de la producción.
Otra reforma presidencial tiene que ver con la desaparición del INE y abaratar los costos de la democracia, ya que en “México se realizan las elecciones más caras del mundo”, al tiempo de desaparecer a los diputados y senadores plurinominales para que “haya democracia plena”, con este argumento AMLO olvida que gracias a esta figura de representación popular las voces de las minorías se han escuchado en el Congreso, a tal grado que, luego, se convierten en mayorías como fue el caso de Morena.
Lo que tanto le pidió en su momento al PRI por mantener las prerrogativas a los partidos políticos, la creación de un organismo autónomo ciudadano y el fortalecimiento de las minorías con interlocución directa en ambas cámaras, ahora el presidente pretende cercenarlas porque ya está en el poder y no quiere que los partidos de oposición tengan esas plataformas que en su momento le sirvieron para llegar a la presidencia.
El argumento de abaratar el costo de la democracia oculta la intención de acotar los márgenes democráticos de participación ciudadana y de mantenerse en el poder al reducir a su mínima expresión a los partidos de oposición, tal como lo exigía el PRI, en tiempos en que se le catalogaba como la dictadura perfecta.
La tercera reforma que enviará el presidente al Congreso se trata nada más ni nada menos de la militarización plena del país, al regresar a la Guardia Nacional al Ejército y con ello tener el mando militar de un cuerpo de seguridad que se supone es comandado por civiles.
Al presidente no solo le sirven las Fuerzas Armadas, sino que ahora quiere que la Guardia Nacional sea otra ala operativa del Ejército para no perseguir al crimen organizado. Esos ya tienen sus propios territorios en el que no son molestados, sino para reprimir las expresiones ciudadanas de protesta contra el actual régimen.
La violación sistemática a los derechos humanos es una constante en estos momentos en México, y no porque se carezca de una CNDH operativa y al servicio de la ciudadanía para contener los excesos del poder público, quiere decir que no esté ocurriendo la transgresión de los derechos fundamentales del hombre por parte de miembros del Ejército e incluso de la Marina.
Con el resultado de las elecciones del 6 de junio quedó claro que el narcoterrorismo político gana territorios en el país, sobre todo en el norte y centro, en donde Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán tendrán gobernadores que fueron apoyados y financiados por el narco, según fuentes periodísticas locales y que, pronto veremos de qué forman le cobrarán esa factura a esos mandatarios estatales.
A ese narcoestado se sumará la militarización que conformará el binomio perfecto para tener sometido al ciudadano indefenso que se cruce en su camino.
La dictadura que está en ciernes descansa en estas dos columnas vertebrales y que ahora, por lo menos una de ellas, la militarización, se quiere incorporar como reforma constitucional.
Tres reformas que representan un cóctel molotov no solo contra democracia, sino contra la propia gobernabilidad y la paz social.
Con la actual legislatura se podrán aprobar las tres reformas constitucionales que requieren la mayoría calificada, empero si esto se va hasta después del 1 de septiembre, fecha en que entra en funciones la LV Legislatura, pues será imposible que transiten esas propuestas hacia su aprobación, por ello la prisa de AMLO.