La estrategia que lleva a cabo el gobierno de ‘abrazos, no balazos’ impide a las Fuerzas Armadas ya no solo repeler las agresiones de los criminales, sino de proteger a la población ante los embates de la delincuencia, en donde pueda haber fuego cruzado.
La lucha por el control de regiones del país, por parte de los cárteles de la droga, es el pan de cada día y ante ello, la Guardia Nacional y la milicia hacen mutis y prefieren mejor replegarse que provocar una matanza con pérdidas de vidas humanas, aunque sean del bando de los malosos.
Lo que ocurre en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas en cuanto a la violencia criminal y el número de desplazados, es solo la punta del iceberg de la violencia que como cáncer hace metástasis en el resto del territorio nacional.
El parte que se rinde por el Ejército, Marina y Guardia Nacional en Palacio Nacional, debe evitar a toda costa un reporte de muertos aunque sean delincuentes a manos de las fuerzas del orden.
El Ejército está atado de manos y mientras el jefe supremo no ordene lo contrario, los homicidios, las matanzas y la conformación de un narco-Estado, seguirá en aumento y en expansión y en el corto plazo no se podrá siquiera regresar a los niveles que tenían los índices delictivos, en el sexenio pasado.
La intervención del crimen organizado en los pasados comicios fue evidente y seguramente en la elección presidencial de 2024 volverá a participar en apoyo al candidato que proteja sus intereses.
Si 2019 fue el año más violento de los últimos años, 2020 lo superó y ahora 2021 apunta la tendencia que los superará con creces. Los índices delictivos de homicidio, secuestro, feminicidio, robo con violencia, despojos y extorsiones continúan al alza y por desgracia no hay ningún elemento que nos indique que esta inercia siquiera se pueda frenar.
Cierto, nuestro país es un paraíso para el crimen porque la impunidad es el común denominador que prevalece en las violaciones al Estado de derecho. El delincuente sabe que no recibirá castigo por su falta contra la sociedad, al contrario, es alentado por sus compinches para seguir delinquiendo.
La incidencia delictiva de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en términos generales va al alza, particularmente en homicidios dolosos, en donde entidades como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, concentran 50.7 por ciento.
Al menos 86 mil 370 asesinatos ocurrieron de diciembre de 2018 a mayo de 2021, el promedio mensual es de 2 mil 879 víctimas (96 por día), esta cifra es muy superior a la registrada en los primeros meses de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Los expedientes iniciados por homicidio doloso en los primeros 30 meses con Felipe Calderón fueron 30 mil 572, con Enrique Peña 41 mil 979 y con López Obrador 72 mil 892.
Más allá de los datos duros se observa el fracaso de la estrategia del gobierno actual en combatir la violencia en México y ante ello, la sociedad se ha quedado en situación de indefensión y a total merced de la delincuencia. Desde luego esta apreciación disminuye o aumenta de acuerdo a la entidad en donde ocurren los delitos, sin embargo, la tendencia es generaliza y salvo estados como Yucatán, todos tienen prendidas las alarmas de alerta ante el avance implacable de los malosos.
Se entiende que la violencia responde a causas multifactoriales, sin embargo, también ante ese diagnóstico se carecen de políticas públicas integrales por parte de los tres niveles de gobierno para combatirlas.
Ante el apocalipsis de la violencia en México y del avance territorial de los grupos criminales, cada vez aumentan las voces que pretenden tipificar a los cárteles de la droga y a los criminales promotores de la violencia como terroristas y con ello, incluso, aumentar las penas e instaurar la pena de muerte.
En donde no se andan con contemplaciones es en Estados Unidos. Ya en el Congreso se discute la iniciativa de etiquetar a los capos de la droga como terroristas y con ello, no habrá fronteras para combatirlos.