De acuerdo a los datos del Inegi, las defunciones en el primer trimestre de este año fueron de 368 mil 906 y del periodo de enero 2020 a marzo 2021, el exceso de mortalidad por todas las causas ascendió a 497 mil 476 defunciones equivalente a 52.9 por ciento.
El incremento histórico de las defunciones registradas para enero-marzo 2013 a 2020 ha variado entre el 1 y el 8 por ciento respecto al año inmediato anterior, situación que cambió en 2021, ya que entre 2020 y este año fue de 81.9 por ciento.
Es decir, la mortandad se disparó a partir de que arrancó la pandemia por Covid-19 a un nivel que deja muy atrás a las defunciones que reporta la Secretaría de Salud, que al día martes 24 de agosto eran de 254 mil 466.
Entonces, al proyectar las cifras del Inegi a julio de 2021, resulta una mortandad de más de 600 mil mexicanos fallecidos por Covid-19.
Las cifras oficiales de decesos y contagiados contrastan con los datos duros y ello pone de manifiesto que al soslayar, manipular y tergiversar el número de contagios y fallecidos, pues la estrategia, para evitar que el impacto de coronavirus sea mortal, ha resultado un verdadero fracaso.
Las autoridades sanitarias basaron sus decisiones en cifras erróneas, lo que provoca una estrategia de combate al virus, a todas luces irresponsable y que amerita fincar responsabilidades a los servidores públicos que han causado tal desaguisado.
Todo se ha conjuntado para conformar un coctel molotov que ya explotó en México y que a la postre ha causado más de 600 mil muertes.
El desabasto de medicamentos por cambiar el sistema de compras consolidado que se hacía en el pasado y el de borrar de un plumazo al Seguro Popular para dar paso al Insabi, ha dejado a la población a merced del embate de las enfermedades y de los virus como el Covid-19.
Con una reacción tardía de las autoridades para proteger a la población, vino la tercera ola de contagios con la variante delta que multiplica exponencialmente los enfermos a cifras inéditas desde marzo de 2020.
En este escenario se contempla el inicio de las clases presenciales en todo el país, y ello ya de suyo representa una grave amenaza a la salud de los estudiantes
Con el mito de que a los niños y jóvenes no les afecta el Covid-19, se conmina a los padres de familia a enviar a sus hijos a las escuelas públicas que en condiciones normales muchas de ellas no tienen agua potable ni sanitarios en buenas condiciones; ahora, después de 18 meses de estar cerrados los planteles, pues ya se imaginarán en qué condiciones están.
Con una secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, timorata e incapaz, que un día dice una cosa y al siguiente se desdice, las cosas pintan mal y se pondrán peor.
El único consuelo que queda para que la pandemia no se enquiste en los planteles escolares es que los maestros y la mayoría de los padres de familia estén muy atentos para evitarlo.
Resultó un mito y una leyenda urbana surgida desde Palacio Nacional, que los niños no son sujetos de contagio y menos de muerte, lo que a todas luces ha sido falaz y de una irresponsabilidad criminal.
Si consideramos que miles de niños acuden a las escuelas sin alimento y ahora les piden cubrebocas y gel antibacterial, aumenta la posibilidad de que dejen de asistir a las escuelas.
La pandemia en México ha cobrado más de 600 mil vidas, de las cuales, buena parte de ellas se pudo evitar con la implementación de políticas públicas que evitaran el contagio; atender oportunamente a los enfermos en la red hospitalaria del sector público; y por supuesto vacunar a mayor ritmo, pero ni una ni otra cosa hizo el gobierno de inmediato y ahora padecemos las consecuencias.