La escisión en el PRI es un hecho por la postura que han asumido Alejandro Moreno, jerarca mayor y Rubén Moreira, pastor de los diputados tricolores, al apoyar la estatización de la industria eléctrica y con ello ir contra la voluntad no solo de sus correligionarios, sino de las bases de ese partido.
La mayoría de los diputados priistas están en contra de la reforma más dañina que se haya impulsado en este sexenio desde Palacio Nacional, y por ello ven con suspicacia, por decir lo menos, la postura ambivalente y confusa de sus líderes al postergar su decisión en torno a si apoyarán o rechazarán la reforma, toda vez que, dicen, convocarán a los expertos para conocer su opinión en torno a este controvertido tema.
Mientras que el PAN, PRD y MC han fijado su posición mediante un contundente rechazo, el PRI le da la espalda a las demandas más acuciantes de ciudadanía que tienen que ver con el abaratamiento del fluido eléctrico y el uso de energías sustentables
Este PRI ha traicionado no solo a sus aliados, sino a los ciudadanos que votaron por ellos en la pasada elección creyendo que iban a ser un contrapeso real al poder presidencial.
Veremos si el ADN de los líderes del PRI prevalece, es decir el de la traición a sus pares o se mantiene el compromiso que hicieron con el bloque opositor para impedir que avance en el Congreso la reforma constitucional más retrógrada que ha impulsado AMLO y vaya que hay algunas muy malas, en lo que va de su administración.
Varios diputados que integran hoy la bancada del PRI en la Cámara baja votaron, en su momento, a favor de la reforma energética de Peña Nieto; ahora, están esperando la línea de Amlito y Moreira, para ir incluso en contra de sus propias convicciones.
Algunos diputados del PAN y del PRD me comentaron que solo era cuestión de tiempo para que el PRI mostrara su sumisión ante el Ejecutivo federal, ya por ‘conveniencia propia’ o por temor de que salgan a la luz los expedientes incómodos de sus líderes.
Incluso legisladores del Revolucionario Institucional mostraron su sorpresa y descontento por el rechazo de Moreno-Moreira a pronunciarse de una vez en contra de la reforma expropiatoria de López Obrador.
El PAN, MC y PRD han sido congruentes con sus propuestas y discurso: Clemente Castañeda, líder nacional de Movimiento Ciudadano, de inmediato declaró que “la reforma eléctrica representa un grave retroceso para el país… Pretende estatizar y monopolizar de un plumazo la participación privada, eliminar los órganos reguladores y frenar la transición energética”.
El grupo parlamentario del PAN se expresó totalmente en contra de la iniciativa del presidente de la República en materia energética.
Los legisladores señalaron cinco razones concretas para oponerse a la propuesta presidencial: 1. Atenta contra el libre mercado. 2. Aumenta el control del Estado y perjudica a las familias mexicanas. 3. Desaparece órganos que funcionan. 4. Viola tratados internacionales. 5. Cancela certificaciones de energías limpias.
Se pronunciaron en contra de la reforma pues “tendría efectos adversos y desastrosos” en distintos sectores de la vida nacional. “Nos preocupa que el control absoluto de todas las cadenas de valor de la industria eléctrica por parte del gobierno pueda derivar en la caída de la inversión, salida de capitales y falta de suficiencia para la demanda de energía eléctrica en el país”.
Señalaron que esta reforma impactaría con tarifas más elevadas a los consumidores, teniendo consecuencias negativas para los bolsillos de las familias mexicanas, pues reduce la competencia y deja de lado la generación de energía eléctrica con métodos más eficientes y menos contaminantes y costosos.
“El intento de reforma energética del Presidente implica la violación del TMEC, al estatizar la industria eléctrica, y por ende, la pérdida de confianza en inversiones y también la salida de capitales. Habría mayor afectación económica en un país ya debilitado.”
Esta reforma ni siquiera podrá sostenerse en el mediano y largo plazos pues contraviene disposiciones establecidas en tratados internacionales como el TMEC, de los que México es parte.
La reforma de AMLO no pasará en el Congreso, pero quedará el estigma al PRI de traicionero y mercenario.