La práctica del periodismo y la libertad de expresión en México pocas veces se han visto amenazadas como ahora. La muerte de tres periodistas en lo que va del año es tan solo un reflejo de la descomposición social que permea en todas las actividades, principalmente la de los comunicadores.
No solo el crimen organizado se ha encargado de silenciar a compañeras y compañeros periodistas; también desde las esferas del poder se busca callar a quienes osaron publicar información que no solo causó escozor, sino que puso al descubierto, generalmente, actos delictivos que merecen la actuación de las autoridades judiciales de inmediato.
La impunidad es el mayor cáncer que hace metástasis en todo el territorio nacional y ello permite a los malhechores matar a quienes han osado sacar a la luz pública sus fechorías.
No solo con la muerte se silencia a los periodistas, también con la censura que existe en muchos medios de comunicación, quienes por no perder sus privilegios, se pliegan ante el poder político y el económico.
Merced a las benditas redes sociales y la digitalización de la información, ya ni siquiera se requiere un medio de comunicación tradicional para denunciar o acusar. Incluso cualquier ciudadano preocupado por lo que sucede en su entorno, anda a la caza de la ‘noticia’ que está al alcance de ellos.
Hay otros, los profesionales de la comunicación, que se juegan el pellejo al escudriñar hasta debajo de las piedras para descubrir hechos que merecen ser publicados, en aras, principalmente, de tener un mejor país, en donde se respeten los derechos humanos y la democracia.
En este contexto, las manifestaciones que se hicieron ayer en 23 ciudades y en redes sociales por parte de periodistas representan una seria llamada de atención al gobierno del presidente López Obrador, para que cesen los ataques contra los comunicadores y que, por desgracia, se alienta muchas veces desde Palacio Nacional o por medio de sus jilguerillos, mercenarios de medio pelo, que se arrastran ante el mejor postor.
Desde luego, los anteriores presidentes también fueron omisos en cuanto a castigar a los asesinos y autores intelectuales de informadores. Por ello las protestas de los comunicadores no tiene patrocinadores, ni alienta ataques políticos contra nadie, simplemente se trata de denunciar, incluso a nivel internacional, de lo que ocurre en el país.
El cobarde asesinato de la periodista de Tijuana, Lourdes Maldonado, ha sido la gota que derramó el vaso colmado de tantos asesinatos e impunidad que ya se desbordó con la sangre de 54 periodistas asesinados en los tres años de gobierno del tabasqueño
El reclamo es porque cesen las agresiones contra los informadores y que los nombres de los periodistas fallecidos en cumplimiento de su deber no queden en el olvido.
La CNDH tiene documentado de 2000 a la fecha 164 asesinatos de informadores y comunicadores.
Incluso desde San Lázaro la diputada federal de Morena, Evangelina Moreno Guerra, condenó el asesinato en contra de la periodista Lourdes Maldonado López, ocurrido la noche del domingo en la zona de Santa Fe, en Tijuana, Baja California.
Por lo anterior, la legisladora por Tijuana exigió la intervención del subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para que informe del incremento de la violencia en contra de periodistas en la zona fronteriza del país.
Cabe recordar que este asesinato se suma al del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, ocurrido apenas el pasado lunes.
Moreno Guerra consideró que el gremio periodístico es esencial para la consolidación de la democracia, y calificó a Maldonado López como una “guerrera” en el diario ejercicio de su trabajo periodístico, por lo que consideró urgente reducir la violencia y los niveles de inseguridad que viven las y los periodistas.
Este asesinato es una afrenta no sólo para los tijuanenses, sino para todos los mexicanos. Por ello, la legisladora exigió al gobierno federal el esclarecimiento de este artero asesinato y mayor seguridad para los comunicadores del país.
Se crean fiscalías especiales y mecanismos de protección; se llenan la boca con que se actuará hasta las últimas consecuencias para castigar a los culpables, pero en la realidad no pasa nada.