Quién sabe qué ha hecho más daño, si el SARS-CoV-2 o la ineptitud de las autoridades, particularmente de esos mal llamados servidores públicos que se sienten tocados por un halo divino para disponer a su antojo de la vida de cientos de miles de mexicanos que padecieron el viacrucis de no encontrar un lugar en algún hospital público para la atención de sus familiares, quienes a la postre fallecieron.
No sabemos en dónde hay más brutalidad y torpeza, si en Hugo López-Gatell o entre los funcionarios del gobierno capitalino que autorizaron la distribución gratuita de 200 mil dosis del fármaco para atender enfermedades de animales o para desterrar gusanos y piojos, denominado ivermectina y que de acuerdo a las Organización Mundial de la Salud y del propio fabricante del químico, de ninguna manera está comprobada su utilidad para sanar a los pacientes, por el contrario, presenta daños colaterales importantes por su consumo.
El tema del uso de seres humanos, sin su consentimiento, para experimentar los efectos de algún fármaco para combatir determinado virus, fue una práctica que se consideraba propia de gobiernos totalitarios, quienes en sus afanes de dominio y sometimiento, usaban este tipo de métodos contra los enemigos del régimen.
De hecho, el Código de Nuremberg establece que el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial, regla que se transgredió en la capital del país.
No ahora, sino después de 2024, tendrá que castigarse a esos funcionarios públicos capitalinos, empezando por Claudia Sheinbaum, por dar su autorización para que se distribuyeran medicamentos de dudosa efectividad para combatir al COVID, sin pedir el consentimiento expreso de los pacientes.
Ahora no pasará nada y se echarán la bolita entre José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Oliva López (otra López), secretaria de Salud y Eduardo Clark, director de Gobierno Digital, todos ellos colaboradores de la jefa de gobierno capitalino, quienes tuvieron que ver en este hecho, para que al final del día resulte que los culpables del criminal acto fueron los que ingirieron la ivermectina.
Ante la complicidad y sumisión de las Fiscalías, tanto de la capital como de la República y la inexistencia de la CNDH, solo queda acudir a los foros internacionales para hacer la denuncia respectiva y con ello enterar al mundo de lo que ha ocurrido en nuestro país.
Así como ya hay denuncias penales contra López Gatell por su responsabilidad en la muerte de diversos pacientes por COVID, de igual manera los afectados por haber consumido, sin su consentimiento, un medicamento que sirve para muchas cosas, menos para combatir al virus y sus variantes, tienen todos los argumentos para proceder con la demanda.
Todavía se recuerda cuando el presidente Donald Trump recomendó el uso de la hidroxicloroquina, fármaco usado contra la malaria y el lupus, para combatir al COVID, consejo que costó la vida a varios estadounidenses.
Pasa lo mismo aquí con el uso de la ivermectina, solo falta documentar los casos entre una población de 200 mil consumidores del producto, merced a la ‘generosa visión’ de la jefa del gobierno capitalino.
Ya que andamos por la capital del país, diremos que también se ha destapado la cloaca que prevalece en los albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX.
Las denuncias publicadas por varios medios de comunicación en torno a la vejación cotidiana de que son objeto niños y adolescentes, a grado tal de mantenerlos amarrados de pies a cabeza, puso en evidencia los graves atropellos que ocurren en esas instalaciones que mal administran las actuales autoridades capitalinas.
La investigación debe ir más allá de este caso y revisar cada uno de los albergues del IAPP y del DIF porque hay múltiples violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Existe una absoluta falta de interés en garantizar los derechos humanos de la infancia y adolescencia por parte del actual gobierno federal y en la CDMX, como lo evidencian este y otros casos de maltrato, la reducción sistemática de recursos y la desaparición de programas sociales destinados a proteger a este grupo vulnerable de la población.