Ya está todo listo para llevar a cabo un ejercicio inédito en materia de democracia participativa y en el cual el Instituto Nacional Electoral sorteó toda clase de escollos, impuestos por el gobierno de la 4T, para llevarlo a cabo.
De hecho, desde que se aprobó la revocación de mandato hasta la jornada electoral de este domingo 10 de abril, estuvo plagado de desencuentros, tanto en el ámbito legislativo como electoral y por supuesto el político.
La pregunta de fondo en torno a esta consulta popular se contestará en el contexto de qué tanto le sirvió a la población y por supuesto a la incipiente democracia mexicana.
Diremos que la sociedad no requiere en estos momentos un experimento democrático que se ha implementado en otros países que se caracterizan por tener dictaduras y ello, ya de suyo, atenta contra la ciudadanía, su calidad de vida y el orden constitucional.
De qué sirve estar inmersos en elecciones y consultas populares con tanta frecuencia, si los políticos y funcionarios públicos, desde el presidente hasta senadores y diputados, se distraen de sus tareas sustantivas al dejar de lado la atención que deben brindar para solucionar la grave problemática por la que transita el país.
La polarización social está al tope y a diario es alimentada desde Palacio Nacional, y si a ello le agregamos elecciones, revocaciones de mandato y consultas populares, pues nunca llegará la tan anhelada unidad nacional.
Esto no quiere decir que estemos contra la democracia. Sin embargo, se ha llegado tanto a manosearla que se importó de otras latitudes, como de Venezuela, la revocación de mandato que sirvió para perpetuar en el poder a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro.
Con un presupuesto acotado, pero que permitió llevar a cabo la revocación de mandato, el INE, se podría decir desde ahora, cumplió con creces la tarea encomendada.
El presidente López Obrador le apostó su capital político a la revocación de mandato y perdió por el escaso poder de convocatoria real, aunque uno de los propósito de llevarla a cabo es asumir el control del INE, tanto al imponer a los consejeros que reemplazarán a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama cuando concluyan su encargo en abril de 2023, como acotar al Instituto a su mínima expresión hasta convertirlo en un apéndice del Poder Ejecutivo.
Cierto, el objetivo principal en primera instancia es la próxima elección presidencial para mantener el poder, ya sea por la vía democrática o a través de otro ejercicio de revocación de mandato para ampliar el periodo constitucional de AMLO, más allá de 2024.
En ambos casos se necesita tener controlado al INE.
Perdió el presidente porque de acuerdo a las encuestas, ha malgastado la confianza de la mayoría de los mexicanos y sus niveles de aceptación están por debajo de 50 por ciento, a pesar de que se suponía que, con la revocación de mandato, iba a ocurrir lo contrario.
Ni las mañaneras, ni la revocación de mandato, ni el dispendio de recursos públicos, ni la fragante violación al orden constitucional y a las leyes electorales, vamos, ni la conformación de una elección de Estado, ha logrado que López Obrador recobre parte de ese capital político con el que llegó a la presidencia en 2018.
Por supuesto, luego de los resultados de la revocación de mandato, AMLO seguirá en el cargo, empero, cada vez será más cuestionado ya no por el fracaso de la revocación de mandato, sino por la crítica situación por la que transita México, prácticamente en todos los frentes.
La mayoría de los indicadores son desastrosos, como la caída del PIB, la inflación, el desempleo, el crecimiento de la pobreza, el desabasto de medicamento, la inseguridad y la violencia, el crecimiento de la deuda externa y los intereses de la misma, el aumento del gasto en pensiones, la corrupción, entre otros tantos temas que, con el avance del tiempo, se complicarán más.
Verbigracia, en cualquier momento se volverá insostenible mantener el subsidio a las gasolinas, ese punto de quiebre significará que los precios rondarán 30 pesos y así será con la energía eléctrica y el gas, todo será más caro.