Efectivamente, ya se habla de una generación perdida en el sistema educativo nacional por culpa de diversos factores tanto exógenos como endógenos, aunque lo cierto es que, principalmente, se debe a la fallida política educativa implementada por el gobierno de López Obrador, quien no tuvo la capacidad suficiente para contener la crisis por la pandemia derivada por el Covid-19 y menos para desplegar una reforma educativa superior a la que regía cuando llegó a la presidencia de la República.
Luego de tres titulares en la SEP, Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y Leticia Ramírez, se aprestan a enfocar las baterías para establecer un sistema educativo de adoctrinamiento sobre la 4T y el ‘prócer de la patria’, en donde la visión neoliberal y de competencia quede desterrada para dar paso a la mediocridad y la ignorancia.
En el nuevo plan de estudios se busca combatir el colonialismo, el patriarcado y a la educación que solo busca ‘cubrir perfiles laborales’, es decir, sumergir a los estudiantes en el subdesarrollo.
En el contexto de que la infraestructura educativa compuesta por casi 230 mil escuelas está virtualmente en el abandono y la pérdida de aprendizaje es relevante, al tiempo que la deserción escolar está en niveles de 5.2 millones de estudiantes, tan solo en educación media superior hay 367 mil jóvenes menos respecto a cuando comenzó el sexenio; el presidente convierte en un trampolín político a la Secretaría de Educación Pública al destapar a Delfina Gómez como candidata por Morena a la gubernatura del Estado de México.
Ahora con el arribo de una neófita en términos educativos, Leticia Ramírez, se espera que en el poco tiempo que durará en su cargo, en el mejor de los casos hasta el 30 de septiembre de 2024, se termine de conformar una generación perdida.
Mientras ello ocurre, veamos algunos datos de la UNICEF que dan cuenta de que desde antes de la pandemia México ya enfrentaba una crisis de aprendizaje, puesto que alrededor de 80 por ciento de las niñas y los niños en primaria no alcanzaban los conocimientos esperados en comprensión de lectura y en matemáticas.
Además, según este organismo de la ONU, como consecuencia de la pandemia, las y los alumnos del sistema educativo nacional enfrentan serios problemas de nutrición y obesidad que deben ser atendidos con urgencia.
En el Informe Anual 2021 UNICEF México se cita la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensatu) 2020, el cual concluyó que el grupo de niñas y niños menores de cinco años registra prevalencias de desnutrición crónica en 13.9 por ciento de ellos, así como anemia (32.5 por ciento de niños de uno a cuatro años), las cuales representan enfermedades que provocan daños irreversibles en sus primeros años de vida y, si no se atienden a tiempo, ponen en riesgo su desarrollo a medida que crecen.
Asimismo, las prevalencias de sobrepeso y obesidad infantil en México se encuentran dentro de las más altas del mundo con 38.5 por ciento niñas y niños de seis a 11 años y un 43.8 por ciento adolescentes de 12 a 19 años en esta situación.
Adicionalmente, dice la exdiputada Verónica Juárez Piña, la deserción escolar que se registró durante la pandemia en el sistema educativo escolar no ha sido recuperada. Según el Inegi, por motivos asociados a la Covid-19 o por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6 por ciento del total 3 a 29 años) al ciclo escolar 2020-2021.
En opinión de la líder perredista, “estos son los principales problemas que deben ser atendidos en materia educativa, pero el gobierno federal está priorizando aspectos ideológicos y políticos en el sistema educativo.”
José Vasconcelos, el padre de la educación pública en el país, creía en una visión liberalizadora de la educación para el individuo. En consecuencia, tenía que ser un factor de inclusión social, ya que la educación y la cultura engendran mejores seres humanos y sin esta condición, no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral.
Ahora que está de moda el predominio de los abrazos sobre los balazos para combatir a los criminales, sería el momento idóneo para ponderar las bondades de ampliar la cobertura educativa de calidad, laica y gratuita, para todos los jóvenes y niños del país, en lugar de tirar el presupuesto público en las obras insignia de AMLO que no benefician al grueso de la población o peor aún, en destruir a la SEP con el nombramiento de ignorantes en la materia y sin ningún compromiso expreso en favor de la educación.