Desde el momento en que se planteó la creación de las fiscalías generales a niveles federal y estatal, se pugnó porque fueran independientes y autónomas para garantizar la imparcialidad en los procesos judiciales en que participaban.
Sin embargo, con el paso de los años, la gran mayoría de ellas cayó bajo la égida de los jefes del Ejecutivo y con ello volvimos a los tiempos de las cavernas en donde el procurador en turno dependía del presidente o de los gobernadores.
Hoy, verbigracia, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, o Ernestina Godoy, fiscal de la CDMX, no dan un solo paso sin huarache, es decir, de todo le informan y piden en su caso, la autorización correspondiente del Ejecutivo, para proceder en consecuencia.
Los casos más emblemáticos de esta perniciosa dependencia del fiscal con el Poder Ejecutivo son el de Rosario Robles y más reciente, el de Jesús Murillo Karam.
Lo ideal sería que se juzgara a exfuncionarios públicos sin filias ni fobias y solo con estricto apego a derecho, tal como ocurre en las democracias más avanzadas del mundo, y no con el tufillo del sospechosismo que despiden los asuntos comentados.
Por desgracia, en cada sexenio ocurren estos tipos de casos, en donde el presidente en turno busca chivos expiatorios para justificar la cruzada contra la corrupción y para darle su toque personal a la procuración de justicia.
En este sexenio, es más evidente la judicialización de la política para quitarse del paso a los adversarios políticos, o cobrar vendettas y ajustar cuentas.
Efectivamente, estamos hablando de presos políticos y ello es inconcebible en los albores del siglo XXI.
Solo diremos que en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa por parte del crimen organizado y de policías militares coludidos, está más que claro quiénes son los culpables de la masacre y la mayoría están libres; en contraparte, los servidores públicos que intervinieron en la investigación como Omar García Harfuch, jefe de la policía de la CDMX, son ahora llevados al paredón.
El chiste es sacar raja política de la desgracia y de distraer la atención de la opinión pública de los problemas más acuciantes por los que transita la población.
Gobiernos van y vienen y la procuración de la justicia, sobre todo en el ámbito de los servidores públicos, se constriñe al humor del presidente de la República.
El mismo líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, fustigó la justicia de vendettas y arrebatos y advirtió que cuando esa premisa está a la orden del mejor postor, no funciona.
“Cuando la impartición de justicia es producto de arrebatos, no funciona y el deterioro social avanza a pasos agigantados”, advirtió Monreal.
El senador puso el dedo en la llaga al afirmar que desde hace varias décadas la justicia en México está en entredicho y es una justicia de mala calidad.
Queremos una justicia de calidad, aunque está visto que en este sexenio no la veremos.
Por desgracia, en la medida que avancen los meses rumbo a las elecciones del Estado de México y la presidencial, seguramente veremos más casos como el de Rosario Robles y Jesús Murillo Karam, para frenar a los adversarios políticos en sus legítimas aspiraciones de acceder al poder.
La aprehensión del exprocurador general tan solo es un esbozo de lo que viene contra funcionarios de pasadas administraciones, particularmente la de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Lo hemos dicho hasta el cansancio: si un servidor público en funciones o ya alejado de ellas, es señalado como un posible infractor de las leyes, que se juzgue conforme a derecho y no se le ajusticie mediáticamente con la reclusión, para luego soltarlo, ya cuando se ocasionó el daño que en la mayoría de los casos es irreversible.
Reza la conseja popular que con la vara que midas serás medido, cuyo origen se remonta a los evangelios canónicos y se refiere al principio de reciprocidad. Aquello que le sirve a una persona para juzgar, será la referencia a partir de la cual será también juzgada cuando pase por esa experiencia.
Si en las elecciones presidenciales de 2024 pierde Morena y gana el bloque opositor, se podrá imaginar, estimado lector, qué pasará, por ejemplo, con el ‘doctor muerte’, Hugo López-Gatell y su responsabilidad en el fallecimiento de más de 600 mil mexicanos por el mal manejo que hubo en la pandemia derivada del Covid-19.
Solo mencionaremos un caso de muchos funcionarios del más alto nivel que estarían bajo el escrutinio de la justicia por su desastroso manejo en diversos temas de la esfera pública.