Ya conformada la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, dicen los oficialistas, no habrá obstáculo alguno para procesar el desafuero de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI; sin embargo, habrá que analizar quiénes son los legisladores que la integraron para saber si tienen razón.
Veamos: Jaime Humberto Pérez Barnabé (Morena), como presidente, Leonel Godoy Rangel (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN) y Rubén Moreira Valdez son los miembros de la ‘Santa Inquisición’ legislativa y como se observa la votación está pareja en empate a dos; es decir, los diputados de Morena no podrán llevar al pleno el desafuero de Alito, mientras que los diputados del PAN y del PRI se opongan.
Así que habrá que ver con qué artilugio saldrán para avanzar en quitarle el fuero al presidente de los tricolores por la comisión de diversos supuestos delitos, y decimos probables porque con este gobierno es tan fina la línea que separa la impartición de justicia apegada a derecho con la persecución política, que con que sople el aire en un sentido o en otro, se procesará o no el desafuero.
Para que avance la declaración de procedencia en la Cámara baja, se requiere la mayoría simple y ese parámetro lo alcanza el bloque oficialista, conformado por Morena, PVEM y PT, por lo que si logra pasar de la Sección Instructora el asunto de Alito, no habrá poder humano que detenga su persecución y eventual encarcelamiento.
Desde luego, en el escenario de que procediera la judicialización de los temas que traen las fiscalías de Campeche y la General de la República, estaríamos ante el ominoso hecho de colocar a Alejandro Moreno como un preso político, por más que ambas instancias que se suponen gozan de autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, pretendan sustentar sus acusaciones.
El líder de los tricolores no es una blanca paloma; de hecho, entre sus propios correligionarios se habla desde los tiempos en que era gobernador de su proclividad por la “buena vida”, estigma que confirmó ya con el membrete de presidente del PRI, en donde hizo de las suyas con varios gobernadores de ese entonces, como el propio Ignacio Peralta, de Colima, quienes se despacharon con la cuchara grande con recursos públicos, pero esta es otra historia que publicaremos próximamente.
Si el prólogo de esta historia se hubiera escrito sin el antecedente que significó la negativa de Alejandro Moreno de apoyar la iniciativa presidencial de la reforma eléctrica, estaría libre de sospecha en cuanto a la persecución política de que es objeto, pero conociendo el afán revanchista del jefe del Ejecutivo federal, pues resulta hasta obvio el proceder de las instancias legislativas y judiciales del oficialismo.
Como se observan las cosas, salvo que ocurra un milagro, es decir, que los diputados del PRI cambien de parecer y apoyen la reforma electoral y otras iniciativas constitucionales del presidente López Obrador, en las próximas semanas veremos la historia de una crónica anunciada sobre el desafuero de Alito.
Tal como ocurre en otras latitudes del Cono Sur de América Latina, las dictaduras avanzan con el sometimiento de los adversarios políticos, ya con la cárcel o con la persecución y la violencia; por eso, independientemente de las fobias y filias de cada quien, es menester aplicarnos para defender el incipiente régimen democrático de México.
Con el encarcelamiento de Rosario Robles, Jesús Murillo Karam y el inminente de Alejandro Moreno, además, claro está, de la persecución que se está haciendo contra el panista Ricardo Anaya, se ratifica el tamiz represor de un gobierno proclive a imponer sus deseos más allá del orden constitucional.
Con el máximo mandamiento de la “ley soy yo”, el presidente ha equivocado el camino para imponer su proyecto político más allá de la frontera de 2024 y ello, de suyo, conlleva un dejo de absolutismo propio de las monarquías.
En momentos en que nada se mueve en la arena política que no pase por el crisol de la sucesión presidencial, tanto el eventual desafuero de Alito, como el asunto de Ayotzinapa, tienen una carga explosiva que busca dinamitar a los adversarios políticos.
La elección del Estado de México tiene con los nervios crispados a AMLO, ya que por las buenas su Delfina Gómez no ganará y menos si la alianza opositora se decanta por escoger a una candidata competitiva, como es el caso de Ana Lilia Herrera, que por mucho tiene más ventajas competitivas y comparativas que la texcocana.
El presidente ya decidió desaforar a Alito y etiquetar a Ayotzinapa como un crimen de Estado para con ello, perseguir a priistas mexiquenses que tendrían ascendencia en la elección del próximo año.