El Senado da clases de madurez a la colegisladora al procesar la iniciativa presidencial de la Guardia Nacional conforme al marco legal constitucional y no al gusto del presidente López Obrador, quien a toda costa quiere militarizar al país con la incorporación de ese cuerpo de seguridad bajo el mando del Ejército.
Desde luego, en descargo de las fracciones partidistas del bloque opositor en la Cámara de Diputados conformado por el PAN, PRI, PRD y MC, diremos que el bodrio legislativo aprobado en fast-track por Morena, PVEM y PT, refleja el nivel de zalamería que tiene este grupo oficialista con el presidente de la República.
Se puede ser fiel a los principios políticos y de partido, pero eso de ponerse de tapete para aprobar iniciativas que atentan de suyo contra los derechos humanos de la población y de vulnerar una de las instituciones que cuentan con el apoyo de la ciudadanía, no robustece al Poder Legislativo, al contrario vulnera la división de poderes.
Por fortuna, en el Senado la ruta para la discusión de este asunto llevará otros tiempos y responsabilidades, ya que no se aprobará por mayoría simple como se hizo en la Cámara baja y menos se pasará por encima de la Constitución.
La estrategia presidencial de torcer la ley para evitar que el Congreso discuta una reforma constitucional que requiere de la mayoría calificada, es una burda maniobra que atenta precisamente contra la Carta Magna.
En su lugar se mandó un paquete que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Para Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, está muy claro el quid del asunto “En lo personal yo he expresado mi punto de vista, que para modificar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional es necesario modificar la Constitución”.
En realidad la pretensión del Ejecutivo con la militarización del país representa desde cualquier punto de vista, reconocer el fracaso de su estrategia de seguridad que entre muchos puntos se comprometía a regresar al Ejército a sus cuarteles para dar paso a la conformación a cuerpos policiacos civiles en cada entidad del país.
El poder metaconstitucional que AMLO ha dado a la milicia será todavía mayor con el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional y ello, representa un serio peligro a la democracia y a la estabilidad política y social del país.
Lo que ha ocurrido en otras latitudes en donde las dictaduras se han impuesto, es precisamente la militarización como una condición sine qua non de estos regímenes totalitarios.
Cuando era candidato, Andrés Manuel criticaba al gobierno en turno ante los afanes de militarizar al país, ahora ya instalado en Palacio Nacional, se le “olvidó” el enorme riesgo que representa para la población que los militares impongan su ley y su presencia a nivel nacional.
El gobierno de Estados Unidos ve con recelo la postura que ha asumido el gobierno de la 4T en donde cada vez más, deja ver su talante represor y autoritario.
Para el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara baja, la decisión de militarizar al país es “un insulto hacia la nación y a la ciudadanía; recordando que diputadas, diputados y diversos personajes emblemáticos de Morena, donde destaca el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, defendieron históricamente la no militarización y ahora que están en el poder y de manera incongruente le mienten a la gente y deciden militarizar al país brindándole el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena”.
“Lo que pretenden hacer es endosar al Ejército su desastrosa estrategia de seguridad que debe modificarse a una civil, enfocada en la prevención del delito y en el uso de la tecnología para combatir la inseguridad”, dijo el legislador blanquiazul.
Decimos que en el Senado están muy por encima en cuanto a su actuación legislativa de la colegisladora ya que se aboca a ponderar los asuntos bajo el tamiz de las causas que le afectan a la gente, como por ejemplo, el tomarse muy en serio la discusión de la citada iniciativa y por ello, desde ahora adelantamos que no será aprobada en los términos que la mandó el presidente y si realmente se quiere que se proceda conforme a la Constitución, debe impulsarse como una reforma constitucional.