Por fortuna, cada vez se concientizan más mexicanos de la necesidad de defender al Instituto Nacional Electoral (INE) de la tentación de eliminarlo en aras de preservar la hegemonía política de Morena, por lo menos, hasta el otro sexenio.
El INE es el resultado de décadas de lucha ciudadana y de los partidos políticos que estaban avasallados por la dictadura perfecta, representada por el PRI y luego de varias reformas electorales, en las cuales se quitó al gobierno la responsabilidad de organizar y calificar las elecciones, amén de buscar la representación de las minorías en el Congreso para tener voz y voto, además de lograr que el financiamiento a los partidos políticos fuera con dinero público y no por fuentes, incluso, al margen de la ley; nació el IFE, que luego migró hacia el INE.
Si bien es cierto que el andamiaje legal electoral es perfectible, no hay duda que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son las columnas vertebrales de la democracia mexicana.
Bueno, pues todo esto quiere desaparecer el presidente López Obrador, para dar un salto al pasado en donde un partido político con el gobierno en turno torcían la voluntad popular de los ciudadanos.
Con la eliminación del INE se crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que tendría el manejo y control de todas las elecciones que se lleven a cabo en el país, se pasaría de siete a 11 consejeros, se reduciría su gestión de nueve a seis años y se elegirían en votación.
También pretende acotar al Tribunal Electoral, con la elección de siete magistrados, al tiempo que absorbería todos los tribunales electorales locales de los estados.
En cuanto al Poder Legislativo, se busca tenerlo controlado por el Ejecutivo, al reducir el número de diputados y senadores; también los Congresos locales se reducirían a su mínima expresión.
Se ha dicho hasta el cansancio que el costo de la democracia mexicana es muy oneroso, sin embargo, no se toma en cuenta que al ajustar el gasto a la baja con la desaparición del INE y del TEPJF, se abre la puerta de par en par para que se instaure una dictadura en México.
Desde San Lázaro, el impresentable diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña –ahora que ya está en el poder–, aseveró que la actual estructura del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sirve a la democracia ni al sistema de partidos.
Con este argumento, falaz y tramposo, los morenistas y rémoras sostienen que los cambios al INE y al Tribunal Electoral parten de un clamor de la población mexicana, que está harta de los abusos cometidos por parte de algunos de sus integrantes, por lo que es fundamental lograr que, quienes están en estos órganos, respeten el marco constitucional, que no ganen más que el presidente y dejen de vender sus sentencias.
Si contrastamos la aceptación, credibilidad y confianza del INE contra lo que opina la población, los diputados y del propio presidente de la República, resulta que el Instituto Electoral se los lleva de calle, entonces que no diga Noroña que el pueblo está harto de ese organismo; al contrario, lo avala y lo respeta.
Ahora que ha resurgido el PRIMOR, por la cooptación que ha hecho el gobierno de la 4T del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a través de una carta de inmunidad para solventar los delitos cometidos y plenamente documentados por las fiscalías de Campeche y de la República, se ve cerca el acometido del absolutismo de acabar con el INE y convertir al Congreso federal en un apéndice de la Segob.
En este espacio hemos insistido en que si se quiere aniquilar la democracia mexicana hay que terminar con la independencia y autonomía del INE y del Tribunal Electoral.
El catálogo para instaurar la dictadura en México viene embozado por la reforma electoral del presidente López Obrador.
Ahora que el senador Ricardo Monreal ha roto la cada vez más débil cadena de mando que traía atada al cuello y que se manejaba por el principal huésped de Palacio Nacional, debería fijar su posición contra la reforma electoral de AMLO.
También es indispensable que la expresión y manifestación ciudadana se oponga a que se trastoque al INE, tal como lo han solicitado el grupo Unid@s, conformado por legisladores, exconsejeros y organizaciones civiles y sociales, a través de la consigna “Al INE no se le toca”.
Antes, incluso del resultado que arrojen las elecciones del Estado de México y la presidencial, es prioridad evitar que camine en el Congreso la reforma electoral de AMLO; de no hacerlo, jure estimado lector que no habrá poder humano o institucional que saque a Morena del poder en un largo tiempo, por lo menos por la vía democrática.