El gobierno del presidente López Obrador va perdiendo la guerra contra la inflación en perjuicio de la población y ahora con la agravante de que con la suspensión de las normas que rigen la supervisión de la seguridad y calidad de los alimentos importados, se abre la puerta para que ingresen al país productos contaminados, caducados y no aptos para consumo humano que representan un riesgo sanitario y que, eventualmente, pueden poner en peligro a millones de vidas.
Desde que asumió la 4T el poder se ha dedicado a mellar la confianza de los inversionistas, al tiempo de desalentar a los productores mexicanos de alimentos con medidas coercitivas, que van desde el terrorismo fiscal y administrativo, hasta el encarecimiento de los energéticos, ello sin contar la pulverización del Estado de derecho.
El combate a la inflación ha desnudado de cuerpo completo a un gobierno, incapaz de frenar el alza de los productos particularmente de los alimentos, que mantienen incrementos en promedio de 14.6 por ciento, una de las más altas entre los países de la OCDE.
Ante la falta de imaginación y creatividad por desarrollar estrategias locales para combatir el incremento de precios, optan por medidas que representan más riesgos para los mexicanos que la propia inflación, al incrementar los riesgos de una intoxicación masiva por el consumo de alimentos contaminados y que fueron desechados por otros países.
Quisieron tapar un hoyo y abrieron un boquete.
La pérdida del poder adquisitivo es una constante y así seguirá por un buen tiempo y con ello el riesgo de que ocurra otra epidemia, producto del riesgo sanitario que representa abrir las fronteras de par en par, sin control alguno, a todo tipo de alimentos.
Desde San Lázaro, el grupo parlamentario del PAN exigió la comparecencia de los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) ante el Congreso, para que expliquen cómo se garantizará la seguridad de los alimentos y productos que se importan, señaló el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
Asimismo, evitar la importación de alimentos sin control sanitario que autorizó el presidente, ya que podrían generar enfermedades e intoxicaciones graves.
El PAN demandó al presidente garantizar las medidas de control de riesgos sanitarios y fitosanitarios que realizan Cofepris y Senasica en materia de alimentos y productos, además de cancelar el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (APECIC), en aquellas disposiciones respecto a los alimentos que consumen los mexicanos.
“Esa política de relajación de las medidas de regulación sanitaria, ya lo experimentamos hace meses en el abasto de medicamentos; la Secretaría de Salud y Cofepris dejaron de hacer su trabajo y de inmediato llegaron a México medicamentos de dudosa procedencia, empaquetados en idiomas extranjeros como el lituano y con las fechas de caducidad vencidas; poniendo en riesgo la vida de personas que los consumieron”, así lo advirtieron los legisladores panistas.
Si se deja de ejercer el control sanitario de los alimentos, el gobierno federal estará incurriendo en una grave violación a la ley, que deberá ser castigada y tener consecuencias para los servidores públicos que incumplan en su deber de proteger la salud de la población.
Se requieren de instituciones técnicas, autónomas, con capacidad de gestión y supervisión, que protejan la salud; por el contrario, el presidente se empeña en destruir instituciones como Cofepris o Senasica para ahorrarse costos y poder utilizar esos recursos en sus proyectos faraónicos.
El diputado Ramírez Barba aseveró que el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía viola la ley en materia de control sanitario de los alimentos, al implementar medianamente un instrumento de carácter administrativo, acciones que son contrarias a la legislación nacional vigente y pondrán en riesgo a la población.
“El PAN exigió al gobierno federal que cumpla con la ley, más cuando se trata de garantizar la salud de la población, ningún acuerdo de carácter administrativo puede eliminar el control sanitario de los alimentos, sería catastrófico para la salud de millones y podría generar consecuencias para el país en materia económica, que lejos de resolver el problema de la inflación, generarían más costos sociales”, aseveró el panista.
Qué extraña maldición padece México en el sentido de que todas las decisiones relevantes de AMLO, echan a perder lo que estaba funcionando y peor aún, provocan con ello daños directos a la población.
La terquedad del jefe del Ejecutivo federal impedirá que se dé marcha atrás a la apertura de las fronteras a productos en mal estado y con ese empecinamiento no se podrá contener a la inflación que pega en los hogares de las clases sociales más pobres y marginadas.
El desplome en las encuestas serias sobre la popularidad de López Obrador, se debe al malestar de los mexicanos que están padeciendo en la economía familiar las consecuencias de decisiones erróneas que ha llevado a cabo este gobierno como el combate a la inflación.