El árbitro que existe entre la ciudadanía y el gobierno, el último espacio de defensa del ciudadano ante los excesos de la administración pública o —desde una perspectiva de Estado— la instancia para litigar las truculencias y estratagemas empresariales para evitar pagar los impuestos que corresponden, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está en riesgo por los caprichos de su presidente, el magistrado Rafael Anzures Uribe, quien deberá ser relevado por decisión de sus pares en los primeros días de enero.
La importancia del órgano colegiado es tal que, si sumáramos el monto de los asuntos que tiene que conocer y juzgar el TFJA, la cantidad de los recursos cuyo destino se dirime en esos casos podría alcanzar más de un punto y casi dos del Producto Interno Bruto.
Sólo para dar una idea de la magnitud de lo que hablamos: si Ricardo Salinas Pliego, Elba Esther Gordillo o FEMSA pelean con el SAT su situación fiscal, corresponde a este Tribunal analizar conforme a derecho quién tiene la razón.
Los intereses en juego son enormes y los actores que intentan aumentar sus capacidades de litigio y gestión son varios e importantes. El gobierno lo intentó, como lo anticipó muy bien Ivonne Melgar al advertir en su columna sabatina de Excélsior sobre una iniciativa de reforma legislativa gubernamental para apoderarse del Tribunal y que incluía dados cargados para favorecer a una magistrada afín a la extitular del SAT y actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien, con la legislación vigente, es inelegible.
Elaborada probablemente desde la época de Julio Scherer en la Consejería Jurídica presidencial, pero afinada y suscrita por la actual abogada del Ejecutivo, María Estela Ríos González, la iniciativa para reformar el TFJA fue presentada por la Segob en octubre pasado y ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero presumiblemente no estará lista antes de la fecha de renovación del titular del TFJA. Además de cargar los dados, la reforma le dará elementos al colegiado para conocer las demandas laborales que se dejarán caer por los despidos derivados del paso de la Guardia Nacional al Ejército.
Los 15 magistrados de la Sala Superior deberán elegir de entre sus pares a quien presida el próximo periodo, en una sesión convocada para este propósito en la primera semana de enero de 2023.
Los cariños del actual presidente Anzures Uribe se manifiestan a favor de la magistrada Luz María Anaya Domínguez, quien ha sido la figura más cercana y de mayor confianza del actual titular. La devoción de Anzures por Anaya es tal, que ha intentado amedrentar a magistradas y magistrados cuyo perfil y trayectoria los hacen candidatos naturales a sucederlo y, en este momento de proselitismo, intenta conseguir el voto del magistrado Manuel Hallivis Pelayo, a cambio de tramitarle una incapacidad total y permanente en el ISSSTE, con el propósito de que obtenga la pensión más alta y de manera fraudulenta, porque tal incapacidad no existe, lo que trae consigo el riesgo añadido de que las áreas de vigilancia normativa del propio Instituto y de la aseguradora detecten el intento fuera de norma.
Otra de las aspirantes, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, esposa del general Rafael Macedo de la Concha, va presumiendo que tiene el apoyo de otro general muy cercano al presidente de la República, pero olvida dos cosas: primero, que su esposo fue el operador del desafuero contra AMLO en tiempos de Vicente Fox, acción que incluso le costó dejar el cargo como procurador general de la República, y el presidente tiene buena memoria. Perdona, pero no olvida. El segundo detalle es que presume un apoyo que no es tal, expone a ambos, a su esposo y al general amigo. La magistrada Zulema, descubierta por Manlio Fabio Beltrones cuando era estudiante sobresaliente, también se jacta de tener el respaldo de la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ve con simpatía que sea mujer, pero tampoco le gusta ser expuesta gratuitamente porque la extitular de Segob no está haciendo proselitismo en favor de la aspirante magistrada.
No debemos olvidar que el TFJA forma parte del debilitado Sistema Nacional Anticorrupción. Como quiera que sea, no queda bien la forma de comportarse del presidente Anzures ni la búsqueda de influencias de Zulema.
Las decisiones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se toman de manera colegiada. Corresponde a sus quince integrantes (hay una vacante aún ante la ausencia de propuestas del Ejecutivo) elegir al presidente que releve a Anzures para cubrir el periodo de 2023 a 2025. El perfil es claro, se necesita alguien con prudencia, tolerancia, capacidad de diálogo para construir acuerdos y con un fuerte fundamento jurídico. Dada la naturaleza de las decisiones que toma el TFJA, se requiere una persona que genere consensos, pero consensos fundados en la ley.
¿Serán capaces las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior, de elegir el mejor perfil para un periodo en el que habrá también sucesión presidencial? ¿Ejercerán con autonomía, congruencia y basados en principios, su capacidad de elegir al nuevo titular o serán componendas como la de Anzures las que primarán?