Los cambios tecnológicos avanzan de manera vertiginosa, mientras que la legislación respectiva se queda rezagada en virtud de varios factores, principalmente aquellos que tienen que ver con la burocracia, el analfabetismo tecnológico y la resistencia a aceptar el cambio como una condición sine qua non de la evolución.
Términos como el blockchain o la ciberseguridad, inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, las redes neuronales, el ciberespacio, el metaverso o los NFT’s, son solo algunos que componen ese nuevo lenguaje del siglo XXI y que, por supuesto, no existe el entramado jurídico que norme este campo del nuevo conocimiento.
Por ello es loable que surjan propuestas para, en una primera instancia, crear comisiones de trabajo en el Congreso, con la finalidad de que existan los grupos de trabajo conformados por legisladores y asesores especializados que generen esos nuevos ordenamientos legales.
Desde San Lázaro, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) planteó reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el objetivo de crear la Comisión de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en la Cámara baja.
La propuesta explica que la finalidad es contar con un órgano y personal especializados en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial y temas relacionados para que las propuestas legislativas que se presenten sean dictaminadas de manera congruente y consistente, con una visión técnica.
El documento, turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, refiere que en el mundo se han incrementado los ataques cibernéticos, especialmente después de la pandemia de Covid-19, por la ampliación exponencial del uso de medios electrónicos.
Ante ello los expertos han alertado sobre el incremento de los embates cibernéticos y el robo de información, tanto en las empresas privadas como en el sector público.
De acuerdo con datos de la multinacional Fortinet, durante el primer semestre de 2021 se registraron más de 91 mil millones de intentos de ciberataques en América Latina, de los cuales más de 60 mil millones ocurrieron en México, lo que ubica a nuestro país en primer lugar en la región frente a este tipo de amenazas.
La exposición de motivos de la iniciativa destaca que, por ejemplo, la pornografía infantil en el ciberespacio es el delito de mayor incidencia para investigación cibernética de las autoridades competentes en México, sin que hasta el momento se cuente con un marco legal robusto que permita prevenirlo, investigarlo y sancionarlo.
Según información de la Guardia Nacional, entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, la pornografía infantil fue el ciberdelito más denunciado en el país con 28 por ciento de las investigaciones. Le siguió el secuestro, 14 por ciento; la trata y la desaparición de personas, 9 por ciento cada uno; y los fraudes electrónicos, 4 por ciento.
En 2022 se reveló que varias dependencias han sido atacadas por ciberdelincuentes, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, así como el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pemex y la CFE, entre otras instituciones públicas.
Por ello, la importancia de contar con una regulación jurídica adecuada y especializada para prevenir, investigar y sancionar estos delitos de ciberdelincuencia o, de lo contrario, las autoridades investigadoras y jurisdiccionales se encontrarán en desventaja frente a las organizaciones de ciberdelincuentes que operan en todo el mundo a través de Internet.
Entre las nuevas tecnologías destaca la denominada blockchain, que se aplica en diversos campos que van desde el registro y manejo de las monedas digitales y en general se utiliza para el registro inviolable de todo tipo de operaciones, rastrear activos y generar confianza sin la necesidad de intermediarios.
Se usa tanto en entidades privadas como públicas y, por su ciberseguridad, se generaliza su aplicación, por lo que es necesario buscar en países desarrollados el tipo de legislación que aplican para normar su uso.
En la Cámara de Diputados el legislador Andrés Pintos Caballero, de Movimiento Ciudadano, propuso a las y los ejecutivos de las 32 entidades federativas, el uso de la tecnología blockchain en funciones administrativas para mejorar la transparencia y el combate la corrupción, ya que esta herramienta tecnológica permite la transferencia de datos digitales con una codificación sofisticada y de manera segura.
A través de este instrumento se tiene la capacidad de ayudar a resolver problemas políticos, sociales, industriales y económicos, ya que su implementación fortalecería los esfuerzos que se han aplicado para reducir, sancionar y prevenir los efectos de la corrupción.
En el combate a la corrupción, la cantidad de recursos que se pierden por esta acción se eleva a miles de millones de pesos; tan solo en 2021 el costo de los actos de corrupción en México derivado del pago de trámites, solicitud de servicios públicos y otros fue de casi 9 mil 500 millones de pesos.