El respeto a la investidura presidencial se lo debe de dar, principalmente, quien la ostenta y luego todo aquel mexicano que se precie de respetar el orden constitucional.
Lo anterior sale a cuento, luego de escuchar el discurso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, durante una visita a la sede jurisdiccional de San Lázaro, en la CDMX, en donde señaló que no hay que confundir la prudencia con la cobardía; “no son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo, pero si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía saldremos adelante”, advirtió la presidenta ante 131 jueces.
Recordó a los juzgadores que su desempeño independiente es el que recubre de fuerza y dignidad al Poder Judicial de la Federación.
Esta perorata con contenidos conciliatorios y con altura de miras es lo que requiere el país en estos tiempos en los cuales la polarización divide a la población y es alentada diariamente desde Palacio Nacional.
En momentos en que la SCJN está por resolver la constitucionalidad de la reforma electoral de AMLO, en su modalidad de plan B, el jefe del Ejecutivo federal continúa con su tarea de mellar a los otros dos poderes de la Unión, particularmente al Judicial con el propósito de amedrentarlos para no actuar conforme a derecho y dejen pasar su iniciativa que atenta contra la democracia y el respeto fundamental de los derechos de todos los mexicanos.
A unos días de que el pleno del máximo tribunal se pronuncie en torno a la multicitada reforma, el presidente arrecía sus embates con la creencia de que los ministros recularán, hecho que de ninguna manera va a suceder como ocurría cuando la SCJN se mantenía bajo la égida de Arturo Zaldívar.
Ahora soplan vientos de patriotismo, de libertad y autonomía en la Suprema Corte y ello garantiza que se mantendrá el respeto a la Carta Magna, es decir, rechazar el entramado legal electoral que en estos momentos está vigente y que ya afecta al INE.
Por fortuna, ante el activismo de la sociedad civil luego de las marchas del 13 de noviembre y del 26 de febrero de este año, los partidos políticos de oposición, es decir, PAN, MC, PRD y PRI se están poniendo las pilas para promover las acciones de inconstitucionalidad y otros recursos jurídicos para impedir que el plan B destace al Instituto Electoral y por ende al régimen democrático.
El pasado viernes, los diputados del grupo parlamentario de MC, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada, y Salomón Chertorivski Woldenberg, informaron que su partido presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las reformas en materia electoral denominadas plan B, porque violan la Carta Magna.
En un mensaje, luego de presentar su recurso de impugnación a cuatro leyes electorales, publicadas el jueves 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, el diputado Jorge Álvarez Máynez aseveró que con estas reformas el gobierno federal pretende tener el control de las elecciones para imponer una voluntad antidemocrática, y eso no se puede permitir.
Sostuvo que la SCJN enfrenta el momento más decisivo de su historia, ya que, prácticamente, México es el único país del mundo que desde la Constitución regula los procesos electorales, no existe otra nación que haya puesto en un artículo de su Carta Magna cómo se lleven a cabo sus comicios y cuál es la naturaleza de su democracia.
Cierto, en un ciclo de luchas ininterrumpidas por la democratización del país, se construyeron instituciones ciudadanas que velan por la democracia y la Constitución y ello se hizo desde todos los frentes y desde todas las ideologías y es uno de los pocos legados que generacionalmente tenemos, los legados democráticos y de elecciones libres.
Por su parte, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg acusó a Morena de intentar una modificación a la Constitución, y al no conseguirla trataron de hacerlo a través de una iniciativa de ley que hoy ya se aprobó por esa mayoría, cuando flagrantemente y conscientemente, saben que viola la Carta Magna y cuando un poder es capaz, de frente a la nación, de estar dispuesto a violar la Constitución, los demás la tenemos que defender, por ello esta acción de inconstitucionalidad”, manifestó.
Luego del fallo inapelable de la SCJN, que seguramente será para terminar con la inconstitucionalidad del plan B, se impulsa en la Cámara de Diputados por parte del bloque oficialista comandado por Morena, el plan C, que no es otra cosa que suplir a los cuatro consejeros del INE que dejarán de serlo el próximo 4 de abril, con personajes afines a la 4T y con ello obtener la mayoría en el Consejo General del instituto.
Veremos si la mayoría calificada en el Congreso permite tal atropello.