Una práctica que debería ser constante y periódica, se convirtió en noticia. El encuentro que tuvo el titular de la Segob, Adán Augusto López, con las fracciones legislativas en la Cámara de Diputados para tratar diversos temas, entre ellos, posponer unos días más la discusión sobre la ley de cabotaje, en la cual se permitiría a las líneas aéreas extranjeras volar en territorio nacional para desplegar servicios comerciales.
Una tarea que en otras administraciones llevaba a cabo el secretario de Gobernación con el Congreso, como parte de las funciones institucionales que tiene el encargado de la política interior, el exgobernador de Tabasco por fin la llevó a cabo y los resultados no se hicieron esperar, toda vez que se establecieron puentes de diálogo entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo.
En un encuentro privado con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara baja, en donde están los coordinadores de las siete fuerzas parlamentarias en San Lázaro, se alcanzó un acuerdo para evaluar a detalle la propuesta de modificar la ley de cabotaje y con ello se aplazó su discusión, aunque haya sido solo por unos días.
La citada ley es rechazada por dañar la planta productiva del sector aeronáutico del país, además de ubicar a la aviación comercial nacional en desventaja ante las líneas áreas internacionales que ya se relamen los bigotes ante la apertura que quiere llevar a cabo el presidente López Obrador, en detrimento de las tarifas y la plantilla laboral de las aerolíneas mexicanas.
“Si bien puede haber un interés legítimo de democratizar la industria, es decir, hacer la industria de la aviación más accesible para los mexicanos, no es a través del cabotaje. Necesitamos una política aeronáutica de Estado, que dé certidumbre jurídica de competencia y dé competitividad a esta industria, que representa el 3.8 del PIB nacional”, indicó Ángel Domínguez Catzín, presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional.
Las reformas propuestas por el Ejecutivo federal para modificar las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, con el fin de permitir el cabotaje en el país, no bajará las tarifas aéreas, ni coadyuvarán a recuperar la categoría 1 en seguridad aérea que establece la Administración Federal de los Estados Unidos (FAA), además de que resultará perjudicial para la industria y los usuarios.
Lo urgente y de pronta resolución por parte del Congreso, es reformar 36 artículos de esas leyes para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea y construir entre autoridades, industria y el Poder Legislativo, una política aeronáutica de Estado, que dé certidumbre jurídica de competencia y dé competitividad a esta industria, pero sin el cabotaje.
Ya van más de 20 meses de que degradaron la seguridad aérea del país y todavía no se ve para cuándo recuperar la categoría 1, en el entendido de que el presidente se comprometió a que se haría a la brevedad.
Diversos especialistas insisten en que, tanto el tema del cabotaje, como el de recuperar la categoría 1, son asuntos totalmente distintos y por ello su tratamiento debe seguir procesos diferenciados.
El capitán Enrique Oñate Vera coincidió en que el tema del cabotaje y la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea son distintos y no deben ir en la misma iniciativa, y tampoco el cabotaje coadyuvará a que las tarifas disminuyan.
“Son cosas completamente distintas que no están vinculadas unas con otras y el cabotaje no es el camino para poder bajar las tarifas ni tampoco para salir de la categoría 2, no existe en ninguna parte del mundo en donde el cabotaje haya tenido éxito; las implicaciones pueden ser desastrosas en temas sociales, económicos y laborales”, señaló.
En ese sentido, pidió el piloto que se analicen a profundidad estas propuestas y se tomen en cuenta las voces de todas las y los trabajadores para construir una modernización y transformación que necesita la aviación, pero no a través de chantaje ni de cuestiones políticas.
Carmen Ortega Sandoval, presidenta de la Asociación Mexicana de Escuelas e Instituciones Aeronáuticas y Espaciales, aseveró que el ingreso de permisionarios y concesionarios extranjeros en la aviación civil, pone en riesgo el mercado nacional y los empleos para los jóvenes que serán los futuros pilotos y personal técnico que hacen posible la operación aeronáutica.
En lugar de que la bancada oficialista en la Cámara baja, integrada por Morena, PT y PVEM, se aplique en adecuar la legislación para evitar permanecer en la degradación en seguridad aérea, se la pasan en asuntos inútiles para México, como por ejemplo, promover la marcha en defensa de la “soberanía” y que, para ello, están dispuestos a destinar sus dietas para pagarles a los acarreados que acudirán el próximo 18 de marzo al Zócalo.
Luego por qué se quejan de que la ciudadanía los catalogue como corruptos, flojos e ineptos.