Las ocurrencias del presidente le están costando muy caro a México, sobre todo las que tienen que ver con la compra/venta de bienes de la nación, como el avión presidencial que vendió en un precio tres veces por abajo de su costo original; las plantas eléctricas semiobsoletas compradas a Iberdrola; la adquisición de la refinería de Deer Park con pasivos superiores a sus activos circulantes; además de la construcción de sus tres obras insignia con sobrecostos cuando menos al doble del presupuesto original y que a la fecha, no obstante de ser inauguradas dos de ellas, no funcionan en plenitud como el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, que aunque fue inaugurada hace nueve meses a la fecha no refina nada.
La cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, que llevaba un avance de 30 por ciento, para dar paso al AIFA —que a la fecha está más solo que un panteón— representó un daño de 300 mil millones de pesos, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación.
El más reciente “negocio” que pretendió hacer AMLO fue la eventual compra de Banamex, misma que se frustró por su culpa.
El haber tirado la operación entre el banco y Grupo México, comandado por Germán Larrea, causó la eventual pérdida por dos mil millones de dólares en impuestos por la transacción.
Grupo Citibanamex anunció que llevará a cabo una oferta pública inicial (OPI), a través de la Bolsa de Valores, de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial de México y con ello, pues sencillamente marca su raya con el gobierno del tabasqueño.
Bien por Citi por proteger a sus accionistas y su planta laboral en México, mal por el presidente por frustrar una de las operaciones comerciales más importantes del sexenio en detrimento de las arcas públicas, al perder los impuestos por la venta, que serían de 36 mil millones de pesos.
El daño más grave para los mexicanos ante la fallida operación de la venta de Banamex, es la creciente incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas, al tiempo de que se vulnera el Estado de derecho por la grosera intervención del jefe del Ejecutivo federal en una operación entre privados.
La expropiación de tres tramos ferroviarios a la subsidiaria Ferrosur, concesionada a Larrea, fue la gota que derramó el vaso en el affaire AMLO-Larrea y ello tendrá necesariamente consecuencias económicas y políticas en el último tramo de la gestión del presidente López Obrador.
Resulta inconcebible que en pleno desarrollo de la incipiente democracia mexicana, AMLO pretenda instaurar un régimen totalitario en donde el equilibrio de poderes está siendo vulnerado sistemáticamente por el tabasqueño, y el orden constitucional se trastoque bajo el apotegma de “la ley soy yo”.
AMLO no solo es el presidente, es el coordinador de campaña de Morena, también asume el rol de empresario de bienes públicos y como van las cosas, seguramente va a pretender irrumpir en otros campos de la economía.
Igual, cuando deje la Presidencia en septiembre de 2024, podría poner su despacho para fungir como cabildero.
Dicen los panegíricos de la 4T que no fue expropiación de las líneas ferroviarias de Grupo México, sino una recuperación de una concesión, lo que es más peligroso para aquellos propietarios de concesiones, particularmente las que tienen que ver con los medios de comunicación de televisión y radio.
Así que empresas como Televisa, Tv Azteca, Radio Fórmula y Radio Centro, por citar algunas, pongan sus barbas a remojar porque cualquiera puede ser sujeto del abuso y del totalitarismo.
La réplica del modelo dictatorial implementado en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro al expropiar empresas y medios de comunicación que eran incómodos al régimen, se ha echado a andar en México, pero no ahora, sino a decir del propio presidente, en el sexenio lleva más de 500 expropiaciones, la mayor parte de ellas con motivo de la construcción del Tren Maya.
AMLO quiere pasar a la historia y seguramente lo logrará, pero no en el sentido que quiere, sino en el capítulo que habla de los dictadores que pasaron por encima de la Constitución y de los derechos fundamentales de los mexicanos.
¿No sería mejor que el presidente se dedicará a gobernar para todos, en lugar de llevar a cabo tareas que le competen a los empresarios? Aunque a diferencia de estos, López Obrador arriesga el dinero público que no es de él, en negocios y obras que han causado daño patrimonial a la Nación.