El Ejecutivo ordena al Legislativo (los diputados federales de Morena, PVEM y PT) legalizar la liquidación de 13 fideicomisos para esquilmarle 15 mil millones de pesos al Poder Judicial y ello en franca violación a la autonomía e independencia de esos poderes.
Si John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), formuladores de la teoría de la división de poderes vivieran, estarían al borde la locura al ver lo que ocurre en un régimen que se jacta de democrático, pero que, en la realidad, camina sobre las vías del absolutismo.
Este mecanismo, el de la división de poderes, es un procedimiento de ordenación del poder de la autoridad que busca el equilibrio y la armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división se basa en la existencia de tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales.
Los órganos de poder deben autocontrolarse a través, precisamente, de la división de poderes y el respeto a su independencia y autonomía.
El régimen republicano democrático representativo federal se estableció en la Constitución y el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Ninguno es superior al otro, los tres deben establecer una adecuada funcionalidad en razón de su convivencia y respeto, además de la correlación de fuerzas.
La República requiere de una división de poderes robusta donde ejerzan sus funciones a cabalidad y en ejercicio pleno de su autonomía e independencia.
En esta concepción no caben los manotazos del autoritarismo del Ejecutivo para doblegar a otro poder, en aras de una supuesta austeridad que atenta contra la división de poderes y más específico en contra de los trabajadores del Poder Judicial.
Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que la extinción de los fideicomisos no daña a la base trabajadora, sin embargo, sí hay una afectación directa a sus prestaciones integradas, por eso realizan un paro nacional y una serie de manifestaciones en varias entidades del país para protestar contra el atropello.
No se trata de defender solo a los jueces, magistrados y ministros, sino a todos los trabajadores del Poder Judicial.
Para la Barra Mexicana de Abogados “es intolerable que se vulnere la división de poderes con indebidas e ilegales intromisiones a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal”.
Para nadie es un secreto que lo que subyace en la autoritaria medida es el revanchismo contra la Suprema Corte y en general contra el Poder Judicial, por no plegarse a los designios del jefe del Ejecutivo federal al contrariarlo con sus fallos y determinaciones.
Desde el nombramiento de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, la relación con el presidente de la República se rompió en virtud de que el máximo tribunal recobró precisamente su independencia y autonomía, pero sobre todo ajustó sus determinaciones al orden constitucional.
Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial ciertamente alteran la vida de miles de ciudadanos que se ven afectados por los bloqueos que realizan en la CDMX, principalmente en las arterias más concurridas, por ello es menester valorar este tipo de atropellos a derechos de terceros.
No es con cerrar los tribunales y las vías de comunicación con lo que preservarán sus fideicomisos, sino, quién lo dijera, con la fuerza del derecho y las leyes, es decir, en su momento y luego de que los legisladores de Morena, PVEM y PT aprueben la extinción de los mismos, la SCJN tendrá que declarar la inconstitucionalidad de la medida legislativa y párele de contar.
Desde luego, tienen que mostrar su total inconformidad los empleados del Poder Judicial, pero, para ser sinceros, no es con este tipo de acciones con lo que se van a granjear la voluntad popular y menos amedrentar al presidente López Obrador.
Se debe establecer, entre otras tantas acciones, canales de información a través de los medios de comunicación y las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre el problema en cuestión, empezando sobre cuáles son los 13 fideicomisos afectados y en qué medida se perjudica a toda la planta laborar del Poder Judicial.
La relación entre el Ejecutivo y el Judicial está resquebrajada y seguirán las hostilidades por parte de AMLO hasta el último día de su sexenio, incluso, si gana la mayoría en el Congreso en la próxima Legislatura, no dude, estimado lector, que mandará una iniciativa para quitar a todos los ministros de su cargo incluyendo a Zaldívar y a sus dos consentidas.