Al cuarto para las doce, es decir, cuando a la LXV Legislatura le restan cinco sesiones para que culmine su último periodo de sesiones, los legisladores de Morena y rémoras aprobarán la iniciativa de reforma en materia de pensiones, con la cual se le arrebatarán a los trabajadores sus recursos que tienen ahorrados en las Afores, con el señuelo de que se les mejorará su pensión con los excedentes que genere el Tren Maya y otras obras faraónicas de López Obrador.
Hemos dicho en este espacio que todo lo que promueve el Presidente hay que pasarlo por el crisol de las elecciones, entonces diremos que esta iniciativa tiene propósitos electoreros, toda vez que busca granjearse las simpatías de los trabajadores que perciben ingresos menores a 16 mil pesos mensuales.
Además, ante la quiebra en la que se encuentra el gobierno de la 4T, pues buscan recursos hasta por debajo de las piedras, debajo de las Afores, para tener el cash requerido el 2 de junio.
Esta aseveración no es descabellada, toda vez que, ante la posibilidad real de que ocurra la alternancia en el poder, se prepara una elección de Estado que impida por todos los caminos que López Obrador le entregue la banda presidencial a Xóchitl Gálvez.
De acuerdo con los expertos, el gasto presupuestal en el rubro de pensiones, si se aprueba la reforma en cuestión, se elevaría de 5.8 por ciento del PIB a 7.8 por ciento para el 2030 y con ello se pondrían en riesgo las finanzas de México al elevar el gasto.
Al jalar la cobija del Presupuesto, se descobijan otros requerimientos que tiene la población como salud, educación e inclusión social, seguridad pública, etcétera.
Como se aprecia, el presidente López Obrador está dejando en una situación muy precaria al país para los próximos seis años.
Si ya de por sí, se requiere contratar más deuda para cubrir el Presupuesto, para cuando inicie el sexenio de la próxima presidenta, pues las cosas estarán más complicadas.
La herencia maldita que deja AMLO a su sucesora le acota sus márgenes de maniobra financieros y presupuestarios para impulsar las nuevas propuestas que emitió en la campaña política. Diremos que, independientemente de quién gane la elección, no será posible que cumplan sus promesas a menos que promuevan una reforma fiscal que implica un gran castigo a los contribuyentes cautivos.
Si en realidad se quiere mejorar el sistema de pensiones, no se acudiría a estas medidas electoreras que pretenden birlar sus recursos a los trabajadores; por el contrario, deberían inyectarle recursos federales a las Afores para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
La propuesta de reforma en materia de pensiones tiene como objetivo impactar e influir en las elecciones con el cuento de que los trabajadores se retirarán con su último salario.
En la práctica, pretenden confiscar las cuentas individuales de trabajadoras y trabajadores de 70 a 75 años de edad, tanto del IMSS como del ISSSTE, que estén inactivas y pasarlas al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Comparto la opinión de la candidata a senadora Verónica Juárez Piña, en torno a que “la propuesta afectaría a las y los trabajadores más pobres del país, es decir, a quienes no pudieron alcanzar una pensión y que no han dispuesto de los pocos recursos que pudieron ahorrar durante años por falta de una campaña de información por parte tanto de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como de las propias Afores”.
La ley vigente de las Afores establece que la y el trabajador que hayan cumplido la edad para el retiro pueden disponer de sus recursos ahorrados en su Afore o, en caso de defunción, pueden hacerlo sus beneficiarios.
López Obrador plantea utilizar este ahorro no reclamado para financiar en parte el Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que no solo es una propuesta inviable financieramente, sino insuficiente para resolver la crisis del sistema de pensiones.
El fondo tendría que tener certeza jurídica y financiera. Proponer financiarlo inicialmente con recursos de las y los trabajadores que no han dispuesto de su ahorro para el retiro y a largo plazo con las ganancias de las megaobras, simplemente es inviable porque hasta el momento, y todo indica para el resto de su operación, estas obras son elefantes blancos que tendrán que ser sostenidas con recursos públicos.
Amenazan los legisladores de oposición, PAN, PRI y PRD, promover una acción de inconstitucionalidad para anular la reforma que será aprobada por la mayoría rampante de Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados y que seguramente la SCJN revertirá.