Con unos diputados de Morena y rémoras que destacan por su lenguaje florido y picaresco, por decirlo de forma elegante, pues el debate legislativo es insustancial, grosero y de nula relevancia para resolver los problemas acuciantes por los que transitan los mexicanos, y menos le ayudan a su jefe supremo, quien pretende dejar un legado populista, aun a costa de lo inconstitucional de sus iniciativas.
El más reciente agandalle y uno de los últimos que aprobará la LXV Legislatura, el robo de las pensiones a los trabajadores mayores de 70 años, ha dejado a los diputados y los senadores de Morena, PT y PVEM, como viles sirvientes del principal huésped de Palacio Nacional, además de delincuentes, por aprobar el robo de pensiones a trabajadores del sector privado y público, con el señuelo de que se incrementara el monto de sus pensiones con las supuestas ganancias generadas en algunas de las obras insignia de AMLO que, por cierto, son a todas luces insolventes.
El Poder Legislativo en tiempos del gobierno de ‘Cuarta’, se ha devaluado como nunca y salvo algunas honrosas excepciones, pasará a la historia como un grupo de pelafustanes al servicio del poder que fueron insultados y flagelados por el jefe del Ejecutivo federal y que fueron culpables de devaluar la figura de un representante popular al último lugar de la escala de evaluación para los servidores públicos.
Ya que son tan generosos los legisladores de oposición con el dinero que no es de ellos, por qué mejor no donan sus propios fondos de retiro a este nuevo organismo de pensiones para el bienestar, tal vez con esos recursos sí alcance a nivelar las pensiones de los que menos ganan.
En la víspera de las elecciones más grandes de la historia, el oficialismo pretende alcanzar no solo la mayoría simple en el Congreso, sino incluso alcanzar las dos terceras partes, empero, si nos basáramos en la productividad legislativa de los actuales legisladores en razón de la utilidad para mejorar realmente la calidad de vida de los que menos tienen, pues no tendrían posibilidades de alcanzar una curul o un escaño y menos de ser mayoría.
Volvamos al asunto de las pensiones esquilmadas para, supuestamente, guardarlas en un organismo público y que en primera instancia se fondeará con 40 mil millones de pesos, que son los que les birlaron a los trabajadores.
Todo lo que hace AMLO es con la finalidad de mantener el poder a través de interpósita persona y por ello, él lo dijo, espera señalar en su discurso del 1 de mayo, Día del Trabajo, que se aumentaron las pensiones para los trabajadores, cuando en realidad se robaron 40 mil millones de pesos.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma para transferir los saldos no cobrados de ahorros de adultos mayores, acumulados en sus cuentas para el retiro, a un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, con la finalidad de complementar a futuro las pensiones de otros trabajadores.
No solo les roban sus pensiones a los ancianos, sino que comprometen las finanzas públicas al prometer que al grueso de los pensionados se les incrementarán sus pensiones hasta un tope de 16 mil 750 pesos, aunque no existan recursos presupuestales etiquetados para tal propósito y como se aprecia, en el Presupuesto del próximo año, si los etiquetan progresivamente para los siguientes años, le harán para empezar, el harakiri a la próxima presidenta y a la estabilidad económica del país.
Desde luego, los legisladores de oposición adelantaron que impugnarán ante la Suprema Corte, mediante una acción de inconstitucionalidad, el agandalle legislativo.
La reforma es inconstitucional porque dispone, sin consentimiento de los trabajadores, de sus ahorros para constituir un fondo público con recursos de los particulares.
Sin reglas de operación para manejar ese dinero y sin compromiso expreso para garantizar que los trabajadores alcancen el 100 por ciento de jubilación conforme a su salario base.
Los coletazos del autoritarismo serán conforme acaba el sexenio, más fuertes y descabellados como estos que acaba de asestar mediante dos reformas que constituyen el paroxismo de los sueños de un dictador, los cambios a la Ley de Amparo y ahora el hurto de los ahorros de los adultos mayores.