Las cortinas de humo y los fuegos pirotécnicos que a diario salen de Palacio Nacional para distraer, quitar la atención de los asuntos torales como la inseguridad pública, el colapso de los sistemas de salud y educativo, la crisis económica, la hídrica, la ambiental y otros tantos temas que requieren atención inmediata del gobierno federal, se han convertido en una forma de gobierno que intenta ocultar las verdaderas prioridades del presidente López Obrador y que están en la arena electoral y en establecer un régimen autoritario que impida la alternancia en el poder.
El país apesta a muerte con tantos homicidios y fallecidos por la falta de medicamentos, entre otras razones, y ¿qué hace el tabasqueño? Pues voltea hacia otro lado, y si alguien hace algún señalamiento contrario a su visión, entonces sí merece su atención.
A poco más de cinco meses de que termine la administración de AMLO, se podrán decir muchas cosas, pero de que resultó un gobierno fallido para resolver los problemas que más preocupan a los mexicanos, de eso no hay la menor duda.
No hay gobierno y por ello surgen las autodefensas y los retenes por doquier, ante los principales flagelos que laceran a México: la inseguridad pública y la ineptitud del gobierno federal.
En los dos próximos debates presidenciales, más allá de la temática que se abordará en ellos, subyacen en todos la inseguridad pública, la corrupción, la impunidad y opacidad.
Señalado el gobierno de López Obrador por los organismos internacionales como un transgresor sistemático de los derechos humanos, se refugia en la crítica a sus detractores y se cobija en argumentos falaces, agresivos y soeces, que solo provocan que se agudice aún más la polarización social.
Al llegar al final del sexenio, se han debilitado los contrapesos al Poder Ejecutivo o cooptado como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se convirtió en un apéndice de la Segob, al igual que el Poder Legislativo, que está dominado por una mayoría rapaz al servicio del oficialismo.
Si en estos momentos no hubiera resistido el Poder Judicial ante los coletazos del autoritarismo, estaríamos viviendo los últimos momentos de la democracia y la vigencia del Estado de derecho.
Las reformas a la Ley de Amparo avaladas por el Congreso, son un ejemplo y son un paso más hacia la autocracia que ambiciona López Obrador, ya que pretende restar facultades al Poder Judicial que, en ejercicio de sus facultades, ha hecho valer la Constitución.
La definición de autocracia se circunscribe a una forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley.
Si piensa que esta definición se apega a lo que se vive en México, tiene toda la razón.
Las reformas a la Ley de Amparo aprobadas en el Congreso por Morena y sus aliados significan un paso más hacia el régimen autocrático que ambiciona López Obrador, y para lo cual se ha dedicado a desmontar derechos y vulnerar la división de poderes establecidos en la Constitución, advirtió Verónica Juárez Piña, candidata a senadora por la coalición Fuerza y Corazón por México.
“Dichas reformas violentan el artículo 29 de la Ley de Amparo que protege el interés social y el orden público, y pretenden quitar a los jueces la facultad de suspender leyes de manera provisional y definitiva que hayan sido impugnadas a través de un amparo”, agregó.
A López Obrador le estorban los contrapesos y estas reformas son un paso más para restar facultades al Poder Judicial que, en ejercicio de sus facultades, ha hecho valer los derechos establecidos en la Constitución frente a sus actos arbitrarios y los de su partido en el Congreso de la Unión.
El Poder Judicial se ha convertido en un dique frente al empeño de Andrés Manuel de concentrar excesivamente el poder en el Ejecutivo federal, de ahí su feroz campaña de descalificación contra la Suprema Corte de Justicia de Nación y su propuesta para que ministros y jueces sean electos en las urnas.
“Pero se equivocan si creen que se saldrán con la suya. Desde la oposición seguiremos votando en contra de leyes arbitrarias y presentando acciones de inconstitucionalidad para revertirlas y este caso no será la excepción”, advirtió Juárez Piña.
Puntualizó que el 2 de junio las y los ciudadanos tendrán dos opciones: “votar por quienes están destruyendo nuestras instituciones o por quienes luchamos por preservar nuestra democracia y sus derechos”.
En momentos que el gobierno de cuarta debería estar apretando el paso para, por lo menos, presentar mejores cuentas al cierre del sexenio, se dedican a soltar los últimos coletazos del autoritarismo.