Estas elecciones han sido inéditas en muchos aspectos, porque además de la más grande en cuanto al número de puestos de elección popular que estuvieron en juego —más de 20 mil—, se convirtió en el proceso electoral más sangriento y en el que quedó en evidencia la necesidad de una nueva reforma electoral que inhiba la participación del crimen organizado, de la compra de votos y, en general, de la evidente participación del gobierno de la 4T a favor de sus candidatos.
Más allá de los resultados, es digno de festejar que también, por primera vez, México tendrá una Presidenta y ello de suyo, cobra una gran relevancia en un entorno machista y misógino que aún prevalece por desgracia en la sociedad mexicana, particularmente en el entorno familiar y laboral.
Desde luego, el tema de género no conlleva necesariamente capacidades y garantía de resultados, pero sí es relevante para reivindicar diversas demandas de las mujeres y sobre todo, para emprender políticas públicas transversales en favor de la igualdad y la inclusión.
Igual de relevante será la nueva composición del Congreso federal en el que, es deseable, no predomine una mayoría de legisladores afines a la nueva mandataria, para establecer ese equilibrio entre poderes que fortalezca el orden democrático, el respeto irrestricto al orden constitucional y por ende a las instituciones.
Está visto que cuando el Poder Legislativo se somete al Ejecutivo, se impulsan toda clase de atropellos que fortalece el presidencialismo imperial que, socava, incluso, los derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
El abstencionismo en las últimas elecciones presidenciales se mantuvo en rangos del 36 por ciento de la lista nominal, aun en las pasadas elecciones del 2018, en las que AMLO arrasó con más de 30 millones de votos; y ahora, en 2024, parece ser que más ciudadanos salieron a votar, con lo que se refrenda el interés de los votantes en el proceso electoral y en defender el régimen democrático.
Estamos ante una sociedad muy polarizada, pero a la vez más participativa en la política y en general en impedir los atropellos del totalitarismo. Así, observamos el activismo preponderantemente de la clase media (apática por costumbre), agrupada bajo el colectivo denominado ‘marea rosa’ con presencia nacional y tal como lo han dicho las organizaciones civiles que la integran, seguirán adelante para resguardar las instituciones, el régimen democrático y la división de poderes.
Es decir, independientemente de quién resulte oficialmente la nueva presidenta de México y qué fuerza política domine en el Congreso, la ‘marea rosa’ seguirá más chispeante que nunca y tal vez busque constituirse como un nuevo partido político, este sí, emanado netamente de la sociedad civil.
Los votantes no le han entregado un cheque en blanco a la nueva jefa del Ejecutivo federal, al contrario, exigen resultados inmediatos y tangibles en diversos temas como la inseguridad pública, que conlleva recobrar el control por parte del Estado en varias regiones del país en donde mandan los criminales, al tiempo de resolver la crisis en el sector de salud pública y fortalecer los programas sociales que incidan verdaderamente en sacar a más mexicanos de la pobreza y la marginación.
Los retos que tienen la presidenta y el Congreso son monumentales, luego de que se perdió un sexenio en ocurrencias y errores que tienen, incluso, implicaciones judiciales por la ineptitud y la corrupción que prevaleció en el ejercicio del gasto público.
El próximo año será muy complicado para el nuevo gobierno y por ende para toda la población, en virtud de que se carecen de los suficientes ingresos del gobierno para hacer frente al estado de descomposición y de enormes carencias que prevalecen entre la sociedad. El margen de compromisos presupuestales que tiene el gobierno en rubros como el pago de la deuda y sus intereses, pensiones, gasto corriente, fondeo de los programas sociales, el rescate de Pemex y CFE, tan solo por citar algunos conceptos del gasto programable, mantienen en estado de fragilidad a las finanzas públicas.
No obstante que AMLO contrató más del doble de deuda pública que sus antecesores, el gobierno está en quiebra técnica por falta de liquidez y sus principales fuentes de ingresos, como la captación de impuestos o la generación de recursos propios como por ejemplo la captación de divisas vía la venta de petróleo, van a la baja.
Por ello, se vislumbra una nueva reforma fiscal que solvente la precariedad de los ingresos federales, aunque con castigo a los contribuyentes.
El problema no son los impuestos, sino el desperdicio de ese dinero en ocurrencias y en el barril sin fondo que es la corrupción.